A un mes apenas de la asunción del nuevo gobierno, el Ministerio de Trabajo de la provincia tuvo una intervención definitoria para resolver dos conflictos laborales extensos como los de la empresa Mastellone y del lavadero Virasoro. "Es básico escuchar mucho a los interlocutores, no pretender tener la verdad, dedicarle un tiempo a conversar con cada uno de ellos no sólo de las normas que rigen el derecho del trabajo sino también de las conductas humanas", definió Carlos Rodríguez, ministro de Trabajo que no pudo asumir pero ejerce esas funciones, aún con el cargo oficial de secretario. Adelantó que planean "por lo menos duplicar" el número de inspectores de la cartera y confirmó que lo harán por concurso de antecedentes y oposición, además de brindarles capacitación para formar una verdadera "fuerza de élite". En cuanto a los conflictos de trabajadores estatales, como los municipales y los docentes, adelantó que planifica intervenir. "No vamos a limitar nuestra competencia", subrayó, pero al mismo tiempo delimitó que sólo aplicarán la conciliación obligatoria "a pedido de las partes".

El ministerio cuenta con 12 inspectores laborales en la ciudad de Rosario y apenas dos en Santa Fe, además de inspecciones "sueltas" en el resto de la provincia. "Es un número vergonzoso", calificó el funcionario, quien adelantó que lo duplicará. "Vamos a trabajar con un presupuesto provincial que nos es ajeno, porque cuando se confeccionó, este Ministerio no existía, y ahora hay más responsabilidades. Por eso estamos ajustando los números, pero seguramente los inspectores serán por lo menos el doble de los actuales", dijo y afirmó que en la actualidad, no existe un sistema provincial de inspección. "Nuestra idea es integrarlo a la par del proyecto de regionalización, con cinco cabeceras, y la creación de un cuerpo de élite que será seleccionado por concurso, y contará con una formación posterior de al menos tres meses", afirmó.

Con la actual estructura de inspección, en los primeros días de gobierno realizaron un operativo que culminó con 31 obras en construcción clausuradas, el 96 por ciento de las supervisadas. "Tuvimos una reunión con las cámaras empresarias de la construcción y les dijimos cuáles son las reglas del juego. Los vamos a convocar en marzo para formar una plataforma mínima indispensable en la protección de la vida del trabajador, quien las viole tendrán primero la sanción económica, la paralización de las obras, y si reincide, tendrá la condena social, con la publicación de sus incumplimientos", afirmó Rodríguez. Si bien continuarán las inspecciones con otros sectores, se negó a adelantar cuáles serán porque dijo que "ni siquiera los inspectores lo saben" porque un aspecto fundamental de los operativos es el factor sorpresa.

Rodríguez también se manifestó en contra de aplicar la conciliación obligatoria como primer mecanismo de regulación laboral. "Si usted la dicta está retrasando los temas, no permite que evolucionen", indicó, aunque aclaró que esta posición "tiene sus límites y hay momentos donde hay que aplicarla. En esos casos, Trabajo puede poner la mesa para que las partes se sientan y resuelvan, tratando mantener el equilibrio pero desde una posición pasiva, o tomar una participación más activa. Jugar a interpretar qué está pasando en cada uno de los lugares, y hacer de alguna manera un proceso de mediación".

La aplicación automática de la conciliación fue "una costumbre anterior", pero enfatizó que "la instancia de la conciliación obligatoria sólo debe utilizarse a pedido de las partes". Por eso no intervino en el conflicto con los trabajadores municipales, aunque no descartó hacerlo en otras oportunidades. Consideró erróneo plantear que el Ministerio es "juez y parte".

Por el contrario, definió que "la base fundamental compartida" con la subsecretaria de Promoción del Trabajo Decente, Alicia Ciciliani y el subsecretario de Trabajo, Luis Ortega, es "una forma más pragmática y moderna de intervención". Al respecto, aseguró: "No vamos a intervenir en conflictos en lo que no nos hayan llamado".

En ese sentido, subrayó que la tarea del ministerio es "de mediación". Con esa metodología, en el mediodía del viernes se destrabó el largo conflicto de los 11 repositores que pedían incorporarse en el convenio de la industria lechera, a través de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA). Fueron cinco meses de paro por la negativa de la empresa a cambiar el encuadramiento laboral, pero el viernes la empresa nacional, líder en el mercado de los lácteos, aceptó incorporarlos en el convenio más favorable. Y si bien se cuidó de calificar la actuación de las autoridades anteriores, que no pudieron encontrar el cauce para terminar con estos pleitos laborales, Rodríguez subrayó que se trataba de "procesos de larga data donde había que volver a conversar las cosas".