Desde Santa Fe

El conjuez Leandro Corti elevó ayer a juicio oral y público una parte de la causa que investiga la represión ilegal en Santa Fe durante la dictadura en la que hay siete detenidos por delitos de lesa humanidad, entre ellos el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini y el ex juez federal Víctor Brusa, y dejó para una etapa posterior el proceso que involucra al ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón, que aún está en su casa y recién podría ser indagado dentro de un mes. Los otros presos son cinco policías santafesinos: los ex comisarios Mario Facino (ex presidente comunal de San José de Rincón), Juan Calixto Perizzotti y Héctor Romeo Colombini, el ex oficial de inteligencia Eduardo Ramos y la ex carcelera María Eva Aebi. La resolución del magistrado -de más de cien fojas- diluye la posibilidad de que algunos los imputados puedan recuperar la libertad en pocas semanas al concluir el plazo máximo de la prisión preventiva: Brusa, Ramos, Perizzotti y Colombini, el 2 de febrero; Aebi, el 4 y Facino, el 8 de febrero.

"No digo que esto nos causa alegría, pero sí cierta satisfacción porque vamos llegando a una meta que buscamos durante tanto tiempo", dijo uno de los querellantes, Daniel García, quien denunció haber estado secuestrado junto con su esposa, Alba Sánchez, en un centro clandestino de la dictadura en San José del Rincón, en 1978.

Las investigaciones se iniciaron hace cinco años, en mayo de 2002, ante una denuncia del fiscal federal Eduardo Freiler, y como derivación de la causa que tramitaba en España, el juez Baltasar Garzón por "terrorismo y genocidio", que involucró a los mismos imputados en Santa Fe.

"Ahora deseamos que durante el transcurso del juicio oral de esta parte de la causa salgan a la luz muchas de cosas que todavía permanecen ocultas", expresó García. "Estamos absolutamente convencidos que quienes van a sentarse en el banquillo de los acusados nunca jamás revelaron los secretos que guardan. Entonces, en el transcurso del juicio existe la posibilidad de que aparezcan nombres y apellidos de personas que hoy siguen circulando por la ciudad de Santa Fe (y que participaron de la represión). Y lo más interesante de todo es que aparezcan algunos datos o algunas pistas para lograr saber dónde están los más de 80 compañeros desaparecidos que hubo en la región de Santa Fe", agregó.

-¿Usted cree que estos acusados pueden tener esa información? -le planteó un colega de LT10.

-Sin duda. Porque la gran mayoría de ellos, por no decir todos, con alguna excepción como puede ser, en parte, el propio Brusa, formaba parte del grupo de tareas que secuestraba a los militantes, los llevaba a los centros clandestinos de detención, los torturaba y no nos cabe dudas que entre ellos están los que ejecutaron a los que no están -dijo García. Y agregó: "En este juicio oral es (por los presuntos delitos) de privación de la libertad y tormentos, mientras se investiga la cuestión de la asociación ilícita (en la segunda causa que involucra a Rolón y a los otros siete detenidos). Pero nosotros queremos ir un poco más allá, queremos que se los investigue por la figura de homicidio".

La mayoría de los detenidos goza de la prisión domiciliaria: el coronel Marcellini en su casa en la ciudad de Mendoza; Facino en San José del Rincón y Perizzotti y Colombini en Santa Fe. Sólo Aebi sigue presa en el cuartel de la Guardia de Infantería Reforzada y Ramos en el piso alto del Cuerpos de Bomberos Zapadores, en el microcentro santafesino. Mientras que Brusa continúa internado en un sanatorio privado, después de sufrir una descompensación hace pocos días.

La causa judicial fue instruida durante cinco años por el juez federal Reinaldo Rodríguez, quien el 14 de agosto de 2002 declaró la inconstitucionalidad de la leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tres años después, el 17 de febrero de 2005, procesó a Brusa, a los cinco policías: Facino, Colombini, Perizzotti, Ramos y Aebi y a un ex suboficial del Ejército, Nicolás Correa, (fallecido el año pasado) por supuesta "privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos" y embargó sus bienes por 800 mil pesos a cada uno. Y dos meses más tarde, en abril de 2005, procesó al coronel Marcellini, ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, como autor mediato de la represión ilegal.

El juez Rodríguez imputó también la figura de la "asociación ilícita" a los detenidos y hasta logró indagar al coronel Rolón, el 12 de julio de 2006 y procesarlo. Pero la defensa de Aebi recurrió ante la Cámara Federal de Rosario que separó del proceso al magistrado. El expediente pasó entonces por la manos de varios conjueces que se excusaron, entre ellos el abogado Carlos Lassaga Iturraspe, quien admitió haber firmado una solicitada de apoyo al genocida Jorge Rafael Videla.

Finalmente, en marzo de 2007, se realizó un nuevo sorteo de conjuez y la causa quedó en manos del doctor Corti, un abogado santafesino de 35 años, quien ayer completó la primera parte de la instrucción y la elevó a juicio oral y público.