A cuatro años del crimen de Sandra Cabrera, la secretaria general del gremio que nuclea a las meretrices, los artículos del Código de Faltas que penalizan la prostitución siguen vigentes en Santa Fe. En la Legislatura aún hay tres proyectos cajoneados en estado parlamentario, y un proyecto de reforma integral del Código -en el marco del Plan Estratégico de Reforma del Estado para la Justicia- que hasta el momento no han tenido tratamiento. En ese marco, la diputada socialista Lucrecia Aranda aseguró que desde el bloque oficialista seguirán peleando por la derogación de estos artículos, como lo vienen haciendo desde 2003 cuando el ahora presidente de la Cámara baja, Eduardo Di Pollina presentó el primer proyecto vinculado con la temática.

La madrugada del 27 de enero de 2004, Sandra Cabrera, la entonces secretaria local de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) que había impulsado la lucha por la despenalización de la prostitución en la provincia, apareció con un tiro en la nuca en el umbral de una casa de Iriondo al 600.

La lucha de Cabrera había tomado impulso luego de que sus colegas entrerrianas lograran -en octubre de 2003- la despenalización en esa provincia, y el diputado socialista Eduardo Di Pollina presentara un proyecto en la legislatura santafesina para derogar los artículos 83 y 87 del Código de Faltas, que penalizan la prostitución escandalosa y la ofensa al pudor. Luego se sumó a este un proyecto de la diputada Miriam Benítez (PPS), que agregaba a la propuesta la derogación del artículo 93, que pena el travestismo, y otro de contenido similar del bloque ARI. Según el diputado Raúl Lamberto (PS) "acá hay dos temas, uno el de la posición de derogar los tres artículos, y otro la propuesta de reforma en el marco del Plan Estratégico. Habrá que discutirlos este año en consulta con el Ejecutivo a ver cuál es el criterio que se va a aplicar, si se mantiene la posición original de la derogación de los tres artículos o esta solución intermedia que plantea el Plan Estratégico".

De cualquier manera, aclaró: "Recién se inicia el actual gobierno y la actual Legislatura, o sea que no hemos tenido todavía oportunidad de hablarlo fríamente, pero el debate está entre estos dos temas".

En relación a la posición del partido, Lamberto recordó que "el socialismo siempre sostuvo que esto era entregar títulos que no cumplían ningún papel y que no obedecían a la realidad", pero, reconoció, "también es cierto que había una preocupación planteada por la sociedad diciendo qué solución se le da para que la derogación de un tema que muchas veces fue usado por la policía para apretar no se convierta en algo socialmente inaceptable. Este tema fue siempre un poco una duda cómo encararlo para que la solución sea integral y no que se solucionara por un lado y afectara por el otro".

Mientras tanto, su compañera de banca Lucrecia Aranda aseguró que desde el bloque seguirán peleando por la derogación de estos artículos, como lo hacen desde 2003 cuando Di Pollina presentó el primer proyecto.

En tanto, el secretario adjunto de ATE, Gustavo Martínez comentó que en la reunión que mantuvieron el viernes pasado con la dirigente nacional de Ammar, Elena Reynaga, y los secretarios de Derechos Humanos y Trabajo, los funcionarios aseguraron su apoyo para la derogación de estos tres artículos del Código de Faltas.

"Toda la cuestión al momento de la muerte de Sandra Cabrera sigue exactamente igual. Es decir que la policía sigue haciendo eventualmente su negocio, puede detener, puede hacerlo de oficio, cosa que en el proyecto no era tan así", señaló el abogado constitucionalista Oscar Blando, quien participó de la Comisión de Reforma del Código de Faltas como representante de la Facultad de Derecho de la UNR, y especificó: "De estas tres figuras en el proyecto se eliminan dos, la ofensa al pudor y el travestismo, y yo propuse eliminar también la prostitución escandalosa, pero mi posición en ese sentido fue en minoría".

"El argumento fundamental -continuó- era que los vecinos invocaban molestias frente a sus casas. Entonces, si el argumento era el problema de la intranquilidad pública dije que lo sacaran del capítulo adonde estaba, que era contra el orden público, la moral y las buenas costumbres. Así se supone que no se sanciona más la oferta de sexo sino las molestias o disturbios que puedan causarse, pero además ya no es una acción de oficio de la policía sino que es una instancia privada".