El Tribunal Oral Federal de Santa Fe encargado de investigar los hechos de terrorismo de Estado en la capital provincial, quedó finalmente conformado luego de varias recusaciones a sus miembros: con la aceptación del ex subsecretario de Justicia de la provincia, Héctor Gabriel Somaglia se completó el trío de juristas. La nómina se completa con Patricia Hidalgo Monserrat y Juan Carlos Gemignani (h). Sin embargo en el horizonte aparecen algunas nubes de tormenta: ayer entre el grupo de abogados querellantes se estudiaba la recusación a uno de los miembros, por su relación con un ex funcionario del juzgado federal en tiempos de Víctor Hermes Brusa, apellido que identifica la causa de la represión en Santa Fe. En tanto ninguno de los abogados que defiende a los acusados se quejó de los nuevos conjueces.

Somaglia ocupaba un lugar en la lista de suplentes integrada por 25 profesionales del fuero federal, en condiciones de actuar como conjueces. Fue el tercero en aceptar la carga pública, luego de las excusaciones de los magistrados titulares, y de diez colegas. Como antecedente inmediato, Somaglia fue durante el gobierno de Jorge Obeid, el subsecretario de Justicia durante su segunda gestión en la Casa Gris.

"No vamos a hacer valoraciones, pero no tenemos causal de recusación", dijo a El Litoral Néstor Oroño, abogado defensor de María Eva Aebi, una de las detenidas. Junto a su colega, René Blanda, presentaron ayer en el Tribunal Oral Federal el "cese de prisión" en favor de su defendida. Además, se supo que hubo pedidos de libertad de los defensores oficiales de Eduardo Ramos y Víctor Hermes Brusa; así como del abogado particular de Héctor Collombini. Si bien lo primero que deberá hacer el nuevo tribunal será evaluar las excusaciones ﷓tanto de los titulares como de los conjueces sorteados﷓, luego deberá dar trámite a los pedidos de libertad presentados por las defensas.

La premura en resolver si los detenidos continúan tras las rejas o recuperan la libertad se debe a que la mayoría de ellos ya cumplieron el tercer año de prisión preventiva, superando el plazo máximo estipulado por ley. "De acuerdo con la ley aplicable al caso ﷓la Nº 24.390﷓ el plazo máximo ha vencido", aseguró Oroño, quien entiende que "no hay sustento legal que autorice a mantener la prisión preventiva por más tiempo, no cabe esa posibilidad".

En ese respecto, el defensor particular de Aebi recordó que una vez presentado el escrito deberá tomar intervención el fiscal y luego el tribunal tiene 5 días para resolver, por lo que se descuenta que no habrá novedades hasta el cierre de esta semana.

Los detenidos Domingo Marcellini, Mario Facino y Juan Perizotti todavía no habrían planteado los pedidos de libertad por no haber transcurrido aún los tres años de sus capturas.