La Cámara Federal de Rosario rechazó la excusación de nueve conjueces de los 25 que renunciaron a investigar al máximo responsable del terrorismo de estado en Santa Fe: el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón y sentarlo en el banquillo. El fallo parece un intento por sacar del laberinto la causa más emblemática de la represión ilegal en la que Rolón y otros siete detenidos ﷓el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini; el ex juez federal Víctor Brusa y los ex policías Mario Facino, Héctor Romeo Colombini, Juan Calixto Perizzotti, Eduardo Ramos y Maria Eva Aevi﷓ deberían comparecer bajo el cargo de "asociación ilícita". "Hasta ahora ninguno de los detenidos por delitos de lesa humanidad en Santa Fe tiene un procesamiento firme por asociación ilícita, lo que es una vergüenza", dijo a Rosario/12 el abogado querellante Jorge Pedraza. En la parte de la causa que fue elevada a juicio oral y público a fines de enero, Brusa está imputado por "apremios ilegales" y los otros seis por "tormentos y privación ilegítima de la libertad", pero sobre ninguno de ellos pesa la figura de "asociación ilícita". Y encima, Rolón zafó del juicio y hace más de un año que espera que alguien lo llame a indagatoria. Hoy, el expediente está en manos del juez federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque ﷓en carácter de subrogante﷓ pero después de la resolución de la Cámara, lo podría reasignar al primero de la lista de conjueces, el abogado santafesino Ricardo Lazzarini, quien ya se excusó por "razones laborales" y si persiste en su intento de renunciar al cargo tendrá que buscar otros argumentos. Y así, seguirían los demás.

La Cámara Federal rechazó "las excusaciones de los doctores Ricardo Lazzarini, Angel Perticará, José Manuel Benvenutti, Fernando Boente Bottai, Héctor Musuruana, Francisco Alberto Fernández, Francisco Ferrer, Juan Carlos Gemignani (h) y Aldo Regali, quienes deberán intervenir como conjuez (en el caso Rolón) de acuerdo al orden en que resultaran sorteados oportunamente", dice el fallo al que tuvo acceso Rosario/12. Y en los considerandos destroza los argumentos que cada uno de estos conjueces esgrimió para renunciar al cargo. Por ejemplo, Lazzarini se excusó por "razones de índole laboral" y la "imposibilidad material frente a compromisos asumidos con anterioridad" (sic). "El doctor Benvenutti también invoca obstáculos laborales y funcionales derivados del hecho públicamente conocido de haber asumido el 10 de diciembre de 2007 como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral".

"Los motivos invocados por ellos (Lazzarini, Musuruana, Perticará y Benvenutti) no encuadran en ninguna de las causales contempladas en el artículo 55 del Codigo Procesal Penal de la Nación ni constituyen afirmación de alguna situación que implique sospecha de parcialidad, por lo cual corresponde el rechazo de la inhibiciones", dice la Cámara. Y después apeló a los mismos argumentos para no hacer lugar a las renuncias de los otros cinco conjueces: Boente Bottai, Fernández, Ferrer, Gemignani y Regalli.

Para entender el intríngulis que frenó la investigación a Rolón y compañía vale repasar algunos hechos recientes:

* 21 de enero. El conjuez Leandro Corti dividió el proceso a la represión. Elevó a juicio oral y público una parte de la causa que imputa a Brusa por "apremios ilegales" y a Marcellini, Facino, Colombini, Perizzotti, Ramos y Aevi por "tormentos y privación ilegítima de la libertad". Pero desacumuló el expediente en el que los siete presos, más el coronel Rolón deberían ser indagados por "asociación ilícita".

* 8 de febrero. El doctor Corti renuncia a seguir al frente de las investigaciones y asume como secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia en el gobierno de Hermes Binner. Comenzó entonces una cadena de renuncias que llegó al récord: 25 conjueces se excusaron de investigar a Rolón y compañía, entre ellos 15 abogados del foro santafesino y diez secretarios y fiscales de los juzgados federales N║ 1 y N║ 2 que se habían anotados "voluntariamente" en una lista para ser jueces subrogantes.

* 29 de febrero. Ante el estrépito, la Cámara Federal de Rosario designó al juez federal N║ 4, Marcelo Bailaque, como subrogante en Santa Fe para que continúe la investigación a Rolón que había dejado Corti. El fundamento: la cataratas de renuncias y "la urgente necesidad de nombrar un juez" en una causa emblemática.

* 5 de marzo. Aparece otro escollo. El juez Bailaque ejerce su derecho de revisar los argumentos que utilizaron los 25 conjueces para renunciar al cargo, con un resultado sorpresa: se pronuncia sobre 12 casos que rechaza en su mayoría por "improcedentes", pero omite analizar el planteo de los otros 13 conjueces que también se habían apartado. "Particularmente, considero que el ejercicio de cualquier función dentro del Poder Judicial debe llevarse a cabo con la suficiente entereza como para poder desempeñarla", señaló Bailaque en su resolución, que recordó también la urgencia de indagar al coronel Rolón. Y elevó el incidente ante la Cámara rosarina para que resuelva.

* 12 de marzo. La Cámara confirmó el fallo del doctor Bailaque: rechazó la excusación de nueve subrogantes. Ricardo Lazzarini, Angel Perticará, José Manuel Benvenutti, Fernando Bonete Bottai, Héctor Musuruana, Francisco Alberto Fernández, Francisco Ferrer, Juan Carlos Gemignani (h) y Aldo Regali, quienes deberán intervenir como conjuez de acuerdo al orden en que resultaran sorteados oportunamente", ordenó el tribunal.

Un abogado querellante lamentó el ping pong judicial en una causa en la que Rolón y compañía deben responder al cargo de la asociación ilícita. "Hasta ahora ninguno de los detenidos por las causas de terrorismo de estado en la ciudad de Santa Fe tiene firme un procesamiento de asociación ilícita. Es como si aquí no hubiera existido una asociación ilícita. Y precisamente la base del accionar del represión ilegal estuvo dada en una pirámide represiva que partía del Segundo Cuerpo de Ejército, el Area 212, el Destacamento de Inteligencia Militar 122, el Departamento Informaciones de la Policía (el famoso D﷓2) y los civiles que operaban para esta estructura de inteligencia. Era una pirámide jerárquica organizada, a mi modo de ver, de no menos de 50 personas que es lo que se conoce como una asociación ilícita calificada al estar compuesta por tres o más personas, por el uso de armas y uniformes militares, etc. Y sin embargo, no hay ningún procesamiento firme por asociación ilícita en la ciudad de Santa Fe, lo que es una vergüenza", concluyó Pedraza.