Desde Santa Fe

El diputado kirchnerista Gerardo Rico propuso un proyecto de ley que inhabilita para ejercer cargos públicos electivos en la provincia a los condenados por delitos de lesa humanidad pero también a los ex funcionarios de la dictadura cívico militar. Con lo cual dejó en una situación más que incómoda a uno de sus colegas del Frente Progresista, Luis Mauri, ex intendente de Santo Tomé durante el proceso y a un senador de su propio partido, Juan Carlos Mercier, que también fue director del Banco de Santa Fe y ministro de la dictadura. "Esto trasciende a los partidos políticos", dijo Rico, convencido de que quienes "cometieron delitos de lesa humanidad o fueron cómplices desde el punto de vista económico, como funcionarios civiles de este proceso de genocidio que hubo desde 1976 a 1983 no pueden participar en los procesos democráticos, ni como funcionarios ni como candidatos electos".

-En la Legislatura ya hubo un intento de inhabilitar a los imputados por delitos de lesa humanidad. Un proyecto de ley que presentó la ex senadora socialista Patricia Sandoz no prosperó en el Senado, donde hay mayoría del PJ. ¿Cree que este proyecto puede prosperar? -preguntó Rosario/12.

-El proyecto que yo elevo está firmado por los tres bloques del Frente para la Victoria y el bloque del ARI rebelde de Alicia Gutiérrez, Antonio Riestra y José María Tessa. A lo mejor tarde, pero las cosas llegan. Creo que esta propuesta es un avance y coincide con una similar a nivel nacional (que impulsa la diputada kircherista Victoria Donda Perez, una hija de desaparecidos recuperada) para que se haga justicia sobre este tema.

-En Santa Fe hay legisladores que fueron funcionarios de la dictadura. ¿Cómo cree que tomarán este proyecto?

-El proyecto legisla para adelante, esto está claro y va a ser aplicable para cualquiera que haya participado.

-Pero un diputado del Frente Progresista fue intendente y un senador del PJ ministro de la dictadura.

-Así es. Pero esto no lo hago en contra de nadie en particular. Yo no legislo para una persona o para dos, sino en función de intereses superiores como la verdad y la justicia. Acá también está el caso de Mario Facino (el ex presidente comunal de San José del Rincón, que fue impugnado cuando intentó postularse para la reelección en el cargo). Acá uno legisla para la verdad, para que haya justicia y memoria. Para que los cómplices de las dictaduras no tengan lugar en instituciones democráticas.

-¿El proyecto puede generar cortocircuitos políticos si se aprueba en Diputados y llega al Senado?

-A mí, en particular, los cortocircuitos en la corporación de algunos de la política no me preocupan. Me preocupa sí que no haya cortocircuitos con los intereses de la gente.

-¿Y qué piensa del desafuero de Patti?

-Tiene que ver con esto: acercar la política a la gente, que se haga verdad y justicia, sobre todo en las causas del genocidio en las que está involucrado Patti como el asesinato de Cambiasso y Pereira Rossi, entre otras -explicó Rico.

El proyecto elaborado por Rico, y que recogió la firma de otros legisladores provinciales, inhabilita para ocupar cargos electivos a:

* Condenados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.

* A quienes usurparon cargos electivos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

* Y a quienes ejercieron los cargos de ministro, secretario, subsecretario, director general o equivalentes en cualquier dependencia del Estado provincial, municipal y comunal, durante el mismo lapso.