La Cámara de Diputados dio ayer media sanción al mensaje enviado por el Poder Ejecutivo Provincial que prevé la implmentación del nuevo Código Procesal Penal. Lo hizo con un solo cambio: la nueva fecha de aplicación será el 30 de octubre, contra la anterior fijada que era justamente el último día de este mes. Los diputados justicialistas se abstuvieron de votar y criticaron la prórroga: "Desde el 10 de diciembre de 2007 hasta hoy, el gobierno de Binner nada hizo para garantizar su plena vigencia. No mandó proyectos de leyes complementarias ni trabajó para adecuar la estructura judicial a las exigencias del nuevo código. A quince días del 30 de junio, el gobernador presenta un proyecto que propone una prórroga encubierta para dilatar en el tiempo la aplicación y vigencia plena del nuevo Código", se quejó Mario Lacava. Desde el oficialismo el diputado Raúl Lamberto defendió la posición explicando que "la implementación progresiva por materias que propone el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo significa un contundente impulso a la implementación de la Ley Nº 12.734 que instituyó el nuevo Código Procesal Penal, y es un fuerte compromiso político de aplicar integralmente la ley, en un plazo acotado".

Lamberto salió al cruce de apreciaciones de sus pares justicialistas que afirman que el gobierno actual no quiere poner en marcha el nuevo sistema. Y aseguró que durante el segundo semestre de 2009 estarían en funcionamiento los nuevos institutos creados. "El Poder Ejecutivo ha optado por proponer la puesta en funcionamiento a la brevedad, en toda la provincia, de todos aquellos institutos y figuras receptados por la nueva legislación que no requieren de modificaciones institucionales más profundas", explicó.

Además recordó que "sobre la actual estructura judicial y la que se está generando como la Oficina de Asistencia a la Víctima, Centros de Mediación y el nuevo diseño de lo que era el Patronato de Liberados, ahora la Dirección Provincial de Asistencia y Control Pos Penitenciario, esta propuesta tiene un alto impacto social, especialmente para las víctimas, quienes tendrán respuestas a sus reiterados y justificados reclamos".

El diputado socialista detalló que con el nuevo Código, a los 120 días de aprobado el mensaje del Ejecutivo, se ponen en vigencia los siguientes aspectos:

* Juicio oral, obligatorio en algunos supuestos de delito y optativo para el resto. "Se eligió empezar por la realización obligatoria de la instancia oral en los casos que se juzguen los delitos de homicidio agravado, abuso sexual seguido de muerte, tortura seguida de muerte y enriquecimiento ilícito de funcionario público. No obstante, a solicitud del imputado, puede también realizarse juicio en instancia oral".

* Disponibilidad de la acción penal: implica selección de casos con criterios racionales y controlables, de manera de orientar los recursos existentes a los casos más relevantes y de mayor trascendencia social.

* Derechos y asistencia de las víctimas: "Ante cualquier autoridad tienen derecho a un trato digno y respetuoso, de información, minimización de molestias, protección de su intimidad, en algunos casos protección de su seguridad personal y la de su familia, de revisar decisiones e impulsar los trámites legales, de querellar".