Además de los cuestionamientos políticos lanzados desde la oposición por su actuación en el derrumbe de los muelles del Parque de España (ver aparte), el juez Edgardo Bistoletti tuvo a su cargo dos casos que conmovieron a los rosarinos, ocurridos el 2 de marzo de 1997. La desaparición en el balneario La Florida de Bruno Gentiletti, y la muerte de las adolescentes Daniela Caruso y María Celeste Haiek, atropelladas por Sebastián Pira en Oroño y Salta, cuando regresaban de bailar. En el caso de Bruno, el magistrado propuesto por el gobernador Hermes Binner como Defensor del Pueblo provincial fue cuestionado. En este sentido, Marisa Gentiletti, tía de Bruno, dijo a Rosario/12 que la definición del cargo debe estar en las organizaciones sociales "que tengan que ver con la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Para no hablar en forma personal, porque cuántos apellidos pueden ser apropiados o cuestionados. Es la sociedad la que debe tomar decisiones justas para ella misma". También la decisión de Bistoletti de reunirse con Binner estando en ejercicio de su función de juez también fue cuestionada, tanto por representantes de la oposición como por diputados del Partido Demócrata Progresista.

Uno de los casos más resonantes que tuvo en sus manos Bistoletti fue el de Bruno Gentiletti. El niño oriundo de Las Rosas desapareció cuando estaba con sus padres en el río, el 2 de marzo de 1997. Desde entonces, nunca más se conoció su paradero. A partir de la desaparición; su tía, Marisa Gentiletti, se abocó a encontrar el marco legal que en aquel tiempo no existía. Para eso, impulsó la organización Alerta Niño.

"Personalmente, no puedo opinar de la capacidad de esta persona para desempeñar una función que tiene sus competencias y no conozco el desempeño en ese sentido que puede tener el juez Bistoletti; no tengo elementos", dijo Gentiletti en diálogo con este diario.

"Posiblemente, estos cargos tendrían que atravesar por un consejo en el que intervengan las organizaciones de la sociedad, para que esta cuestión quede dilucidada -continuó Gentiletti-. Además de la determinación del Poder Ejecutivo, podría plantearse un consejo de organizaciones sociales y civiles que tengan que ver con la defensa de los derechos fundamentales de las personas". El decreto firmado por Binner para estipular una nueva forma de selección de los jueces incluye la consulta a las organizaciones de la sociedad civil, para que puedan impugnar a los candidatos propuestos.

Gentiletti recordó que "en realidad, cuando sucedió lo de Bruno, lo que estaba como muy vacío eran las herramientas legales. Había poca experiencia de parte de todo el Estado sobre qué hacer ante la desaparición de un niño. Por eso estuvimos trabajando para que haya normas. Ahora tenemos una ley provincial, una ordenanza municipal y existe una ley nacional".

De todas maneras, la tía de Bruno sugirió una elíptica crítica a Bistoletti. "Siempre hay más para hacer. Ahora, después de 11 años, las cosas se complican. Pero en el momento en que los tiempos eran cruciales, algunas medidas podrían haberse dado con más urgencia", dijo.

En el otro caso resonante, el de las adolescentes atropelladas por Sebastián Pira, la Cámara de Apelaciones determinó que la muerte de Daniela Caruso debía ser considerada como homicidio simple, por lo que pasaba a un juzgado de instrucción, y la de María Celeste Haiek como homicidio culposo, y quedaba en correccional. A Felipe Caruso, padre de Daniela, Bistoletti le merece "el mayor de los respetos como persona y como profesional. Aunque no le correspondía, estuvo trabajando mucho en nuestro caso. Ojalá permaneciera en el caso de mi hija".