El gobernador Hermes Binner congeló su sueldo, el de sus ministros y el de los funcionarios de su gabinete durante un año, hasta el 31 de diciembre próximo y les recomendó a cada uno de ellos "un plan de restricción de gastos en todas las áreas del Estado". La decisión dejará afuera a la plantilla política de la Casa Gris de las mejoras salariales que puedan lograr los trabajadores estatales y los docentes en las paritarias que comenzarán el lunes. Como se sabe, en la provincia existe una ley de enganche al revés: cada aumento de sueldo que reciben los empleados públicos se traslada en forma automática a los funcionarios políticos y a los legisladores, salvo en este caso en que los funcionarios de Binner tendrán congelado el salario hasta fin de año.

Binner firmó el decreto 159/09 -que refrenda el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti﷓ ante la necesidad de "establecer medidas acordes" a los "cambios producidos en el contexto socioeconómico de la provincia de Santa Fe" y "preservar el accionar eficiente del Estado".

Y en consecuencia, dispuso "el congelamiento de los salarios de todo el personal que integre la planta de personal de gabinete de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, empresas y sociedades del Estado y de los otros entes públicos" y del "personal que en tal carácter forme parte, en representación del Estado provincial, de todo otro ente u organismo público".

La norma obliga también a los ministros a presentarle a Bonfatti "en un plazo de 10 días, un plan de restricción de gastos de funcionamiento que contemple en todas las áreas a su cargo, la reducción de los gastos en concepto de alojamientos, alquileres, movilidad, viáticos, uso de vehículos oficiales y uso de telefonía móvil y fija".

El decreto sostiene que la crisis financiera internacional produjo "un impacto negativo de alcance global", lo que asociado al prolongado conflicto agropecuario en nuestro país y a las sequías que perjudicaron el territorio provincial, generó "una contracción de la actividad económica que afecta a miles de trabajadores y empresarios santafesinos".

En ese marco, considera que "corresponde al Estado provincial priorizar la atención de las situaciones de emergencia e incrementar la importancia relativa del gasto social, redireccionando las partidas presupuestarias a la luz de estas premisas".