El gobierno de Santa Fe presentó ayer una "reclamación administrativa" para que la Nación declare la plena coparticipación del impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias -impuesto al cheque- y devuelva a la provincia los fondos retenidos "inconstitucionalmente" al finalizar la vigencia de la emergencia económica. Mediante esta medida, que constituye un "trámite de cortesía" para evitar litigar ante la Corte Suprema de Justicia, la provincia propone una instancia conciliatoria para que el gobierno nacional "ordene el pago de los montos proporcionales en concepto del impuesto al cheque, devengados desde el 19 de diciembre de 2006, a partir de la sanción de la ley 26.180. Pero en caso de no tener respuesta en 30 días, la provincia hará el reclamo judicial.

El impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias fue establecido durante la emergencia económica de 2001. Este impuesto establecía como fecha límite de aplicación el 31 de diciembre de 2002. No obstante, se mantuvo vigente. En febrero de 2002 se suscribió un convenio federal que resolvió modificar la estructura distributiva del impuesto al cheque. A partir de la nueva normativa (Nº 25.570), el 70 por ciento del impuesto ingresaría al tesoro nacional y sería administrado por "el Poder Ejecutivo Nacional con destino a la atención de los gastos que ocasione la emergencia pública", el 30 por ciento restante se coparticiparía a las provincias.

Actualmente, el 70 por ciento del tributo ingresa al tesoro nacional y de la suma que implica el 30 por ciento restante, que se debiera coparticipar a las provincias, el gobierno nacional se queda con un 42 por ciento más. En el documento, que fue expuesto ante el ministro de Economía de la Nación, Carlos Fernández, la provincia solicita que "se declare la plena coparticipación del impuesto a los débitos y créditos bancarios" y "se reintegre a la provincia los recursos inconstitucionalmente detraídos desde el 19 de diciembre de 2006".

"En caso de no tener respuesta en el término de 30 días a esta solución amistosa y previa del conflicto que motiva la presentación", la provincia "entenderá que la vía administrativa queda descartada quedando expedita la vía de reclamación judicial", expresa el comunicado oficial. Asimismo, se aclara que "la reclamación constituye un trámite de cortesía en función del deber de colaboración y coordinación federales a fin de evitar litigar ante la jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la pretensión que constituye el objeto del reclamo".

Con el propósito de conducir el reclamo a través de una vía más amistosa, el gobernador Hermes Binner autorizó a la Fiscalía de Estado a contratar un estudio jurídico en Capital Federal para que represente a Santa Fe en sus reclamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así, fue contratado el estudio de los abogados Ricardo Gil Lavedra y Carlos Rosenkrantz.