Como punto final de un prolongado conflicto de casi diez meses con el gobierno santafesino, la asamblea de accionistas de Aguas Provinciales resolvió ayer disolver la empresa y devolverle al Estado la prestación de los servicios de agua potable y desagües en quince localidades de Santa Fe. Los socios mayoritarios no aceptaron retirar su demanda contra la provincia presentada en el Ciadi, tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, decisión que -el Ministerio de Obras Públicas había adelantado- impedía avalar el traspaso accionario a Cerámica Alberdi, que se intentó concretar hasta último momento. Entre lunes y martes, cuando reciba la notificación correspondiente, la provincia se hará cargo del sistema a través de una sociedad anónima con mayoría estatal y 10 por ciento de participación de los empleados, que podría a su vez contratar a un tercero como operador. El ministro Alberto Hammerly anunció que la intención del gobernador Jorge Obeid es llamar a licitación dentro "de seis meses a un año" para volver a ubicar bajo la órbita privada el manejo sanitario. Como los accionistas minoritarios -los empleados y el Banco Galicia- impugnaron la decisión de la mayoría, podría convocarse a una nueva asamblea para analizar la posibilidad de acordar una salida ordenada (ver aparte).

La asamblea de accionistas de APSF retomó ayer a media tarde la reunión que se había inciado en diciembre pasado, donde debía definirse el futuro de la concesión de agua potable y cloacas y que pasó a cuarto intermedio ante la posibilidad cierta de vender la mayoría del paquete al grupo Ceramica Alberdi. Previamente, y tras contactos informales, la provincia había girado una última oferta.

En algo menos de una hora y media los socios mayoritarios -Suez, Aguas de Barcelona e Interagua- resolvieron rechazar la propuesta de la Gobernación y por ende disolver la compañía, alegando la pérdida de capital de la misma, resultado financiero desfavorable que le endilgan al Estado santafesino por no haber readecuado el contrato tras la devaluación.

El primero en comunicar la decisión fue Oscar Barrionuevo, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias de Rosario, en representación de los trabajadores que poseen el 10 por ciento de las acciones mediante el Programa de Propiedad Participada. Al salir del cónclave realizado en la planta potabilizadora ubicada en la capital provincial, el dirigente gremial confirmó el adelanto que le había dado a Rosario/12, cuando 24 horas antes dijo tener la convicción que no había margen para llegar a una salida ordenada con venta de acciones.

Minutos más tarde, el vocero de Aguas, Alfredo Parcel, ratificó la información. "Se llega a esta instancia no deseada por parte de los accionistas, después de cuatro años de esfuerzos permanentes en aras de mantener la concesión de los servicios sanitarios en quince ciudades de la provincia, tras ocho meses de gestiones en procura de darle continuidad a la gestión privada y habiendo pasado diez meses del momento en que se solicitó al gobierno de la provincia una salida ordenada", recordó.

El comunicado leído por Parcel aseguraba que "Aguas Provinciales cumplió con todo lo pactado con el gobierno de la provincia para lograr una transferencia de acciones, pero por razones que le son ajenas, a último momento esta instancia no se pudo concretar".

Posteriormente, en rueda de prensa, el ministro de Obras Públicas Alberto Hammerly -acompañado por el presidente del Ente Regulador de Servicios Sanitarios, José Manuel Kerz- dio la versión gubernamental. Aclaró que opinaba no sobre una notificación oficial de Aguas sino sobre los trascendidos y sobre la versión dada por (un agente de Inspección de Personas) Jurídicas. El funcionario indicó que la aludida decisión no se había adoptado por unanimidad sino por mayoría, dejando abierta la puerta a una eventual revisión de lo resuelto.

Según Hammerly "esta alternativa se consolidará o no éste lunes. Nosotros hemos hecho llegar un acta en la cual el gobierno de la provincia de Santa Fe exigía la renuncia a la demanda que Aguas Provinciales tiene en el Ciadi que ha sido uno de los puntos que los accionistas mayoritarios aparentemente no han aceptado ya que no han hecho llegar ninguna contrapropuesta ni ninguna otra alternativa en forma oficial".

Durante los 90 minutos que duró el cónclave, representantes de Alberdi Aguas estuvieron en la asamblea de accionistas. Ingresaron y salieron en cuatro oportunidades y se movilizaron a través de un lujoso auto. Según trascendió, a las 18 estuvieron en la Casa Gris, en el despecho de Hammerly, analizando los efectos de la medida adoptada por la asamblea.