La titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, Analía Carrió, salió ayer al cruce por el método eleçido para financiar las obras de infraestructura de la Empresa Provincial de la Energía: un monto que figurará en las facturas de los clientes con un objetivo determinado. Carrió, se mostró "sorprendida" por las declaraciones del interventor de la EPE, Luis el Halli Obeid, quien intente explicar el jueves su idea, sobre la que ayer volvió a explayarse. "En realidad el reclamo de obras de infraestructura lo venimos haciendo desde hace dos años y no solo frente a la coyuntura de los cortes de luz de enero", apuntó Carrió.

"No me opongo a las obras de infraestructura, sino que me opongo a las que estén condicionadas a un aumento en la tarifa de consumo, porque ya estamos pagando un 41 por ciento de impuesto nacional, provincial y municipales en las facturas de la luz. Y durante todos estos años, nos han dicho que le EPE no ha dado déficit y evidentemente ahora están reconociendo que no han invertido las ganancias en una empresa del Estado para adecuar las instalaciones para tener un buen fluído", explicó Carrió.

"Mi oposición es que el consumidor siempre termina pagando todo lo que la empresa o el Estado tendría que haber hecho, y todo está prendido a la conformación de un fideicomiso, ¿por qué no crean el mismo fideicomiso con el IVA que nos cobran en la factura?", propuso la titular de la Oficina de Defensa municipal.

En este sentido, la abogada explicó que "me pongo en el lugar que corresponde, del lado usuario y consumidor, que viene pagando cifras muy importantes con respecto al consumo, sumado a un 45 por ciento de tributación que hace a través de la EPE. Porque -aclaró- si un contribuyente toma su factura de EPE va a advertir que en la parte central, después del importe básico que el real y efectivo, se registra una ley nacional, ordenanzas municipales, leyes provinciales y el IVA, que suman un total del 45 por ciento aproximadamente de impuestos".

La titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor agregó que "el gobernador Obeid tiene que distribuir estos ingresos y destinarlo para obras. Siempre ha sido el mismo reclamo, falta de obras e infraestructura y no nos contestaban que no era así", recordó. Finalmente Carrió desmintió que la tarifa haya estado planchada desde 1992. "No es cierto, el año pasado nos aumentaron la tarifa en silencio".

Por su parte, Adecua Rosario sumó su rechazo al aumento de las facturas de energía. Christian Galindo rechazó el incremento "ya que las obras de infraestructura que deben encararse en la actualidad son consecuencia de años de desinversión y falta de previsión". En este sentido el dirigente recordó que "el propio gobernador Obeid en declaraciones publicadas el 3 de febrero de 2004 había dicho que `la política para la EPE fue privatizarla y por eso la desmantelaron', en alusión a la gestión del anterior Gobernador Reutemann.

Por tal motivo resulta "injusto castigar a la ciudadanía, ajena a la desidia, de sucesivos gobiernos, con la suba de una de las tarifas más caras del país, dado que bastante ya padecen los usuarios que son víctimas de un servicio deficiente con constantes interrupciones (sin que se prevea indemnización a usuarios en tales casos) y golpes de tensión que afectan electrodomésticos (que la empresa con suerte resarce varios meses después), entre otras deficiencias", apuntó Galindo.

Por otra parte, el titular de Adecua advirtió que "previo a algún aumento debería convocarse a Audiencia Pública, con el fin de habilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en el que todos aquellos que puedan sentirse afectados, manifiesten su conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse".