SANTA FE › APUESTAN A UN COMPROMISO ENTRE CáMARAS EMPRESAS Y GREMIOS PARA EVITAR DESPIDOS
Desde las centrales sindicales contabilizan 7.000 suspensiones en toda la provincia y apuestan a un acuerdo social. Sin embargo, los empresarios advierten que "la decisión de despedir personal pertenece a cada empresa". Hay más de 11.000 Repros.
› Por Evelyn Arach
El panorama laboral en la provincia es cada vez más complicado. Desde el Ministerio de Trabajo admiten que aumentó el desempleo y según entidades gremiales por estos días hay unos siete mil empleados suspendidos en toda la provincia. Mientras tanto, las nueve seccionales de la CGT trabajan en la redacción de un documento conjunto entre los trabajadores, la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y el resto de los empresarios que sería rubricado en los próximos días en la sede local de la Gobernación, con el aval del Ministerio de Trabajo. Pretenden que los empresarios se comprometan a no suspender ni despedir más personal por 180 días. El presidente de Fisfe Carlos Garrera consideró que ellos acuerdan con "hacer el mayor esfuerzo posible para que la crisis no la paguen los trabajadores" pero aclaró que "la decisión de despedir o no personal pertenece a cada industrial".
Actualmente, unas 232 empresas de la provincia han solicitado participar del programa de reconversión productiva (Repro), que abarca a unos 18.500 empleados, de los cuales 11 mil ya están percibiendo el beneficio. Al respecto, la viceministra de trabajo Alicia Ciciliani manifestó preocupación: "Estamos en alerta amarillo, los empresarios nos manifiestan que están llegando al límite en recursos como suspensiones, adelanto de vacaciones y reducción de la jornada laboral. Hay un pedido desesperado de subsidios que abarca a distintos sectores. Percibimos que aumentó el desempleo aunque aún no tenemos datos específicos". Entre los rubros más afectados se encuentra la industria metalmecánica, las fundiciones que han sido declaradas en crisis en toda la provincia y el sector rural. "Esta semana nos reunimos con el sindicato de los peones rurales, UATRE, para diseñar un programa que retenga a los peones en sus viviendas rurales y no migren a las grandes urbes para buscar trabajo", anunció.
Y detrás de las estadísticas están ellos, los trabajadores, angustiados por la incertidumbre. Claudio Maldonado tiene 40 años y trabaja en Malhe desde hace trece. Es viernes y como cada mañana pese al frío, está en la planta junto al resto de sus compañeros esperando una respuesta. El es el delegado. "Es desastroso que después de trece años te digan que no hay mas laburo y tenés que arrancar de cero. Lo único que me da fuerzas es impulsar esta lucha, pero es duro, hay compañeros y familiares de compañeros que viven llorando", cuenta, angustiado, este jefe de familia. A su lado está Miguel Ibarra, que entró a la fábrica a los 22 años y ahora tiene 63. Es un hombre canoso, de ojos claros que no puede creer que la empresa haya cerrado. "Este es único lugar en el que trabajé, crié mis hijas e hice mi casa haciendo horas extras en esta fábrica. ¿Y ahora se terminó? Yo espero que no", se contesta. Todos aguardan que nuevos inversores compren la empresa y les restituyan su trabajo, por ahora lo único concreto es la esperanza.
Desde la CGT apuestan a la elaboración de un documento en el que los empresarios se comprometan a no despedir ni suspender personal. "Es un pacto por 180 días para llevar tranquilidad a los trabajadores de toda la provincia, tenemos el respaldo del gobierno provincial y también vamos a invitar al Ministerio de Trabajo de la Nación a participar", anunció Néstor Ferraza. Según los datos que ellos manejan hay siete mil trabajadores suspendidos en toda la provincia, de los cuales el 40 por ciento pertenece al departamento Rosario. "Hay que cortar de raíz con ese tipo de medidas", sostuvo.
Y agregó: "A partir de este acuerdo cada vez que un empresario despida o suspenda a un trabajador va a tener que dar explicaciones no sólo al Ministerio de Trabajo de la provincia sino también al de la Nación, a la CGT y a su propia entidad gremial". A su vez el diputado justicialista Alberto Cejas confirmó que este jueves será tratada en la legislatura la prórroga por otros 180 días de la ley de emergencia laboral y según confió habría consenso para aprobarla.
Por su parte Garrera, aseguró que desde Fisfe se comprometerán a "arbitrar todas las medidas de manera que el mayor costo de la crisis no la paguen los trabajadores" pero aclaró: "Nosotros no podemos garantizar que no haya más despidos porque es una decisión de cada industria. Sí alentamos todo lo que contribuya a ello". El industrial también afirmó que en algunos casos el Repro "no alcanza".
A su vez, Paladini dio a conocer algunos datos alarmantes de una encuesta que realizó la entidad a comercios e industrias de la región durante el primer trimestre de 2009. El 77 por ciento de las empresas encuestadas afirmó que las ventas bajaron con respecto a igual período del año anterior. De ese total un 12 por ciento manifestó que evalúa despedir un 18 por ciento de su personal en los próximos meses. Respecto a la rúbrica de un acuerdo para que no haya más despidos el dirigente apuntó: "Puede ser una expresión de deseos pero la decisión la toma cada empresario, nosotros podemos alentarlo para que desista pero no ordenárselo. Ni siquiera el Gobierno puede hacerlo. Al fin y al cabo es mejor que una empresa se achique a que cierre. Igual despedir personal es siempre la última medida".
Por su parte, la Fisfe reclamó al gobierno provincial que se preserve el mercado local reduciendo las importaciones. "No podemos seguir entregando mercados. Actualmente, con una industria metalmecánica como la que tenemos continúa el abastecimiento con productos importados. No se trata sólo de un compre local sino de una aduana que funcione bien", enfatizó Garrera. Sin embargo se distanció del resto y arriesgó: "Ya tocamos fondo, esperamos volver a crecer en el transcurso de este".
Por su parte, la viceministra de trabajo desestimó que la solución sea local. "Vivimos en una economía global y nuestra base de sustentación es global. La estrategia tiene que ser nacional o a lo sumo como Región Centro, no hay que tener una mirada tan chiquita", sentenció Ciciliani.
En la voz de Omar Sánchez, uno de los trabajadores más antiguos de la empresa Cotar, el reclamo es tan simple como existencial: "No vemos la hora de que todo vuelva a funcionar", se esperanza y detalla que la empresa trabaja a media máquina, les adeuda salarios y los ha dejado sin obra social por lo que hace seis días que están de paro. De fondo se oyen bombos y batucadas.
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