La secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, Rosa Acosta, y el director de Programas de Derechos Humanos, Oscar Blando, brindaron ayer detalles del trabajo que se está realizando, ante el inminente inicio de los juicios por causas de lesa humanidad. Asimismo, revelaron los casos de amenazas e intimidaciones sufridas por testigos, querellantes y abogados vinculados a las causas y reafirmó el compromiso del gobierno provincial para colaborar con la investigación de estos hechos.

En una conferencia de prensa realizada ayer en Rosario, los funcionarios se refirieron a las acciones coordinadas que se desarrollan en materia de memoria, verdad y justicia. En la oportunidad, estuvieron presentes testigos, ex detenidos, representantes de organismos de derechos humanos, diputados provinciales y concejales de Rosario, entre otros.

Acosta hizo referencia al contexto histórico en que se producen los juicios y destacó "la importancia que revisten para toda la sociedad, como forma de consolidación del sistema democrático, y también para lograr que se termine la impunidad".

"El Poder Ejecutivo provincial ha tomado la firme decisión política de colaborar con la Justicia para que la impunidad cese", señaló la secretaria de Derechos Humanos, al tiempo que describió las acciones emprendidas en coordinación con otras áreas del Estado, organismos de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, para aportar elementos investigativos en el marco de las causas.

Asimismo, la funcionaria señaló los casos de amenazas e intimidaciones sufridas por testigos, querellantes y abogados vinculados a las causas. "Hemos iniciado expedientes para aportar elementos a nuestro alcance que ayuden a la Justicia", aseguró Acosta, que mencionó a algunas de las personas que sufrieron amenazas en Santa Fe y Rosario: Soledad Chávez, Alicia Gutiérrez, Antonio Riestra, Lucila Puyol, Emiliano García, Liliana Gómez y Angel Ruani, ex detenido, testigo y coordinador zona sur del Programa de Protección y Acompañamiento a testigos y querellantes.

Además, Acosta señaló que en Reconquista se recibieron una serie de mensajes electrónicos intimidatorios firmados por una presunta hermandad que reivindica hechos cometidos durante la última dictadura militar.

Por su parte, Blando explicó el funcionamiento del Programa Provincial de Acompañamiento y Protección de Testigos y Querellantes de Delitos de Lesa Humanidad, que está en marcha desde agosto pasado y que incluye el acompañamiento, la contención y la asistencia jurídica, médica y psicológica a testigos, querellantes y abogados patrocinantes.

"Todos en este gobierno estamos convencidos de la necesidad de acelerar los juicios y que haya una condena a los represores", señaló Blando, al tiempo que señaló que actualmente hay 70 personas ingresadas al programa, de las cuales 38 pertenecen a la zona norte y 32 a la zona sur de la provincia. El funcionario indicó que "al 60 por ciento de los ingresados se les realiza un monitoreo telefónico de seguridad".

Acosta insistió sobre la importancia de las políticas en marcha en el contexto del inminente inicio de los juicios, previstos para fines de junio en la ciudad de Santa Fe, y para fines de agosto en Rosario.

En ese sentido, la funcionaria provincial se refirió a la actividad desarrollada en el marco de la Comisión de apoyo a los juicios de lesa humanidad, que la semana pasada se reunió en Rosario y en Santa Fe.