El ex Secretario de Derechos Humanos de Santa Fe Domingo Pochettino, salió a terciar en la polémica instalada entre funcionarios provinciales y la fiscal federal de Rosario Mabel Colalongo; por el acceso al Archivo provincial, que contiene documentación esclarecedora sobre el destino de desaparecidos. "A veces hay cuestiones de celo de gente que cuida papeles sin saber si sirven para algo o no, y no entienden que debe estar en manos de expertos que puedan procesarlo. Esto demoró todo", indicó apuntando contra la burocracia estatal al momento de explicar por qué recién a finales de 2007 pudo conformar el Archivo de la Memoria, que tenía entre sus objetivos digitalizar todos estos expedientes, entre ellos partes de inteligencia diarios. Una tarea que la provincia no concretó y que ahora esta intentando la fiscal federal.

"Creo que no es importante la polémica entre funcionarios: yo lo he sido y ahora hay otros. Si este tema quedara reducido a eso sería lamentable. Creo que de la manera que sea, lo más rápido posible, esa información tiene que estar en las manos que corresponde, que son los fiscales, los querellantes y así pueda ser usada en los sucesivos juicios orales cuando sea útil. Digo esto porque hay que tener en cuenta fundamentalmente una cosa: mientras discuten los ex funcionarios y los actuales, los familiares de los muertos y desaparecidos, los querellantes, los testigos siguen esperando que se haga justicia después de 25 años".

¿Cuál es la experiencia que usted tuvo con esta documental?

Mire, se ha dicho que no se ha hecho nada nunca con esta documentación y esto es inexacto, porque nosotros siempre tratamos de trabajar con este y otros materiales. Es importante que se sepa que hay mucho material fotográfico de las unidades regionales de la policia de Rosario y Santa Fe, que se ha trabajado durante tres o cuatro años de nuestra gestión, que se escaneaban y se llevaban a una pantalla de televisión, que era tomas fotográficas de muertes violentas, desde delitos comunes, hasta muertos que figuraban como desaparecidos. Entonces se pudo probar que esas personas habían sido asesinadas por fuerzas militares o policiales. Lo mismos pasa con este material, que es documentación que tiene la policía que dejaba todo escrito, donde se ven a las entradas y las salidas de las unidades penitenciarias de la policía, de las comisarías, los operativos y se pueden llegar a descubrir acciones que tienen que ver con personas presuntamente desaparecidas y entonces quedará probado que fueron muertos por el accionar represivo.

¿Qué es lo que hizo su gestión sobre esta documental?

Lo que nosotros hicimos fue intentar en un primer momento, hacernos de todo el material de esa época que estaba en el Archivo Intermedio y para eso el entonces gobernador Jorge Obeid y su ministro de Gobierno Roberto Rossúa, firmaron una resolución para que la provincia nos pasara todo ese material. También con la firma del gobernador se creo el Archivo Provincial de la Memoria, y mientras buscábamos el local que llevó su tiempo, tramitamos la provisión del material, que también nos llevo nuestro tiempo porque a veces hay hasta cuestiones de celo de gente que cuida papeles sin saber si sirven para algo o no, y no entienden que el material debe estar en manos de expertos que puedan procesarlo. Esto demoró todo. Recién para octubre o noviembre de 2007, poco tiempo antes de irnos, recién pudimos abrir y refaccionar, poner en condiciones el local según lo que marca la archivística. Es decir este no es un lugar cualquiera que sirve para mostrar papeles viejos. Tiene que tener lugar para trabajos sucios y limpios. Y asi conseguimos una partida que vino del Archivo Intermedio que empezamos a analizar. Paralelamente a esto, a dos meses de irnos del gobierno, comenzamos la compra de algunas maquinarias fundamentales para poder tratar el material. Era una máquina que fotocopiaba y microfilmaba, y escaneaba digitalizando el material, que son expedientes viejos, muchas veces libros que hay que manejar, que son de muy difícil manipulación, para digitalizarlos. Esta máquina era especial y evitaba dañar el material.

¿Llegaron a comprarlas?

Bueno, vuelvo sobre la burocracia del Estado: Iniciamos el trámite que tuvimos que justificar. Era una compra que no se entendía muy bien en las líneas de Hacienda, en la Dirección Provincial de Informática, que eran quienes tenían que justificar esa compra porque eran máquinas muy modernas. Así que el trámite no se terminó, aunque el dinero estaba. Después quedó a decisión del siguiente gobierno, pero la verdad es que nosotros pensábamos que ibamos a ganar las elecciones en el 2007, y dijimos: "Bueno, lo hacemos el año que viene". Esto no ocurrió.

¿Usted conocía en detalle la documentación que ahora reclama la fiscal Mabel Colalongo?

Mire, este era un trabajo de hormiga, y siempre algo se encuentra. Yo no pude evaluar la importancia de esa documentación por el poco tiempo que la tuve en nuestras manos. Pero seguro siempre algo se encuentra. Por eso le remarque la tarea de identificación que hicimos con las fotografías.

¿Se pudo identificar a alguna persona?

Por supuesto, le entregamos una copia del trabajo al juez federal de Rosario Carlos Vera Barros. Había incluso algunos viejos compañeros míos.

-¿Quiénes tenían acceso al Archivo Intermedio y al Archivo de la Memoria?

Cuando se trabaja en forma conjunta con la justicia federal hay material que no lo puede ver cualquiera, porque hay ordenes de reservarlo. Pero más del noventa por ciento del material podría verlo cualquiera: un investigador, un profesor universitario, un estudiante. En este sentido el Archivo de la Memoria tenía previsto mesas de consulta.

¿Qué piensa de la actitud del gobierno provincial frente a este tema?

Nosotros teníamos un compromiso muy grande con el tema, para nosotros las Madres de la Plaza de Mayo no eran un slogan, sino las madres de nuestros compañeros. Los Familiares, eran los familiares de nuestros compañeros, y los Hijos eran los hijos de nuestros compañeros. Por otra parte había una gran decisión política e ideológica de llevarlo adelante. Ahora estamos viendo como se van desvirtuando estos temas, cuánto se deterioran las políticas de derechos humanos, que tiene que ver con estas atrocidades pero también con lo que ocurre todos los días. Nosotros teníamos tareas dirigidas a la vida cotidiana. A veces en la Argentina se imponen modas y hoy parece que es la del deterioro de las políticas de derechos humanos.