Desde Santa Fe

Llega el día del veredicto. El Tribunal Oral de Santa Fe anunciará mañana, a las 18, su sentencia en el juicio al ex juez Víctor Brusa y cinco policías acusados por secuestros y torturas: Héctor "Pollo" Colombini, Eduardo Ramos, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aevi y Mario Facino. La fiscalía y la querella pidieron penas que oscilan entre 25 y 20 años de cárcel efectiva, mientras que la defensa solicitó la absolución de los imputados. Un debate en el que el abogado Gastón Caglia, defensor de Colombini, levantó sospechas contra los jueces por si llegaban a "trocar una sentencia por cargos públicos" y la defensora oficial Judith Didier se despachó con otro argumento sorprendente: "El tiempo sin juzgar hizo que se borren los efectos del delito, que se diluya la necesidad de aplicar la pena". El fiscal Martín Suárez Faisal retrucó a los dos. "El tiempo de la impunidad no diluyó los efectos del delitos, al contrario las heridas quedaron abiertas. Entonces, no se tratar de trocar una sentencia por cargos, se trata hacer justicia", afirmó.

El debate cerró con los alegatos, réplicas y contrarréplicas de las partes. El defensor oficial Fabio Procajlo, que defiende a Brusa y a la ex carcelera Aebi insistió con la prescripción de la causa. Su colega Didier adhirió al planteo de Procajlo, pero intentó reforzarlo con un argumento sorprendente: "El tiempo sin juzgar hizo que se borren los efectos del delito, que se diluya la necesidad de aplicar la pena", afirmó Didier.

El fiscal Suárez Faisal no la dejó pasar. "De ninguna manera pasó (lo que sostuvo Didier), por el contrario, el tiempo de impunidad hizo que los efectos de todos estos delitos que hoy se juzgan persistieran, que las heridas quedaran abiertas".

"En consecuencia, la necesidad juzgamiento y sanción no solamente no está diluida, como afirma la defensora, sino que hoy, está más vigente que nunca", agregó Suárez Faisal. Y le apuntó a Caglia. "No se trata, como dijo desafortunadamente algún defensor de trocar una sentencia por cargos públicos o de buscar la tranquilidad económica. Se trata de la gran oportunidad que hoy tienen los señores magistrados, el honor y la responsabilidad de efectuar, como representantes del Poder Judicial de la Nación, una decidida contribución a la vigencia de los derechos humanos y a la democracia argentina, que es lo que en definitiva, en este juicio, todos vinimos a pedir de ese Tribunal", afirmó el fiscal.

Un rato antes, Suárez Faisal había desestimado otro planteo del defensor de Brusa que sostuvo que los apremios ilegales no eran delitos de lesa humanidad. Precisamente, Brusa está acusado por ochos casos de apremios ilegales.

"El defensor Procajlo dijo que los apremios ilegales no son delitos de lesa humanidad porque no están incluidos en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Esta afirmación de ninguna manera se puede compartir, justamente porque el inciso k de dicho artículo, que leyó el mismo defensor, luego de tipificar una serie de conductas específicas, establece que se entenderán también de lesa humanidad 'los actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de las víctimas' y eso es justamente lo que ha pasado en este caso respecto de la conductas atribuidas a Brusa", dijo el fiscal.

Y en ese sentido, recordó "lo expuesto ya en 1996 por el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia en el fallo 'Erdemovic', cuando dijo que los delitos de lesa humanidad eran los 'actos de violencia que dañan a los seres humanos golpeando lo más esencial para ellos; su vida, libertad, bienestar físicos, salud o su dignidad'. Son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo", sostuvo Suárez Faisal.

Ya en su alegato, el fiscal había rebatido la teoría de los perejiles que planteó la defensa de Brusa, a quien definió como "el perfecto colaborador" del aparato represivo. Según el fiscal, Brusa llegó a dónde llegó, por un motivo: la "criminal convicción" de que la lucha contra insurgente "debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún en el ámbito de la justicia". "Esa comunión ideológica con su jefe: el ex juez federal Fernando Mántaras, un nazi declarado, lo transformó en el perfecto colaborador, tanto del juez como de las Fuerzas Armadas y de seguridad con sede en la zona", dijo Suárez Faisal. Y citó un informe de la Side que elaboró el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe incorporado como prueba en el juicio, que dice: "Brusa ha colaborado estrechamente con la fuerza en la LCS (lucha contra la subversión). Es amigo y colaborador del Ejército Argentino".