Las declaraciones del senador Carlos Alberto Reutemann, en relación a que los Kirchner someten a los gobernadores con la billetera y que ningún gobernador se ha plantado frente a la falta de federalismo convulsionó el ambiente político. Rosario/12 tuvo acceso a un informe cronológico elaborado por la Fundación para la Integración Federal, Funif Rosario que muestra el derrotero del Lole en las negociaciones con los presidentes Menem y De la Rúa. Allí, el dos veces gobernador de Santa Fe, lejos de plantarse ante el avance de la Nación contra las provincias, firmó todos los compromisos sin reparos.

La Ley 24.130 promulgada el 17 de septiembre de 1992, ratificó el "Acuerdo entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales" suscripto el 12 de agosto de 1992. La principal consecuencia de ese acuerdo fue que la Nación quedaba autorizada a retener de la masa de impuestos coparticipables un 15 para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos; y también 43 millones 800 mil pesos para repartir entre las provincias firmantes con desequilibrios fiscales. El Pacto comprometía a las provincias a terminar con cualquier acción judicial existente o potencial.

En ese acuerdo, Menem y los gobernadores le pedían al Congreso que traten una serie de leyes que incluían la reforma del Régimen Nacional de Previsión Social (que luego devino en la creación de las AFJP); la privatización de YPF, de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, Casa de la Moneda y Banco Nacional de Desarrollo; y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que introdujo los criterios de "autonomía" que hoy en están en debate.

Los ingresos tributarios nacionales recibidos por Santa Fe sufrieron un estancamiento entre 1991 y 1997. Así, resulta paradójico que en 1992 la Nación le transfiriera a la provincia la responsabilidad sobre la provisión de servicios de educación y salud. El impacto de esta transferencia se observa en el salto de 500 millones que experimentaron los salarios provinciales en aquel año, mientras que la Nación no proveyó los fondos suficientes.

Con la sanción de la Ley 24.049, promulgada el 7 de enero de 1992, se puso en marcha un proceso de transferencia a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires de los servicios educativos que aún administraba y gestionaba el Estado nacional. A través del Presupuesto 1992 -Ley 24.061- se produjo la transferencia de los servicios de salud.

Mediante el Decreto 1807/93 se instruyó al Ministerio de Economía y al Banco Nación para que apliquen lo establecido en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento que había sido firmado el 12 de agosto de 1993. Para financiar la eventual pérdida de recaudación provincial originada en la eliminación de impuestos y exenciones dispuestas en ese Acuerdo (Impuesto a los Sellos; Impuestos Provinciales específicos que graven la Transferencia de Combustible, Gas, Energía Eléctrica y Servicios Sanitarios; Impuestos que graven los Intereses de Depósitos a Plazo Fijo y en Caja de Ahorro, a los Débitos Bancarios; y la modificación el Impuesto a los Ingresos Brutos, desgravando ciertas actividades) el Gobierno Nacional suspendió la retención de los montos excedentes de Coparticipación Federal por arriba del mínimo de 725 millones establecidos como garantía del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" suscripto el 12 de agosto de 1992 y ratificado por la Ley 24.130. La garantía de 725 millones se elevó a 740 millones a partir del 1º de enero de 1994.

A través de la Ley 25.235, promulgada el 30 de diciembre de 1999, (Gobierno de la Alianza) se ratificó el acta del Compromiso Federal firmado por el gobierno nacional y las provincias. De la Rúa y los gobernadores se comprometieron a que "durante el ejercicio fiscal 2000 las transferencias por todo concepto (Coparticipación de impuestos y Fondos Específicos) a provincias "se fija en una suma única y global anual equivalente a 1350 millones de pesos, con independencia de los niveles de recaudación de impuestos existentes o a crearse". A esto se llamó el "piso de coparticipación" que luego fue vulnerado sistemáticamente por las conducciones económicas de Machinea y Cavallo. Mediante la ley 25.400, promulgada el 8 de enero de 2001, se ratificó el acuerdo denominado Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, suscripto por los gobernadores, el Jefe de Gobierno de la CABA y el gobierno nacional. Allí se aseguró el compromiso de las provincias de congelar el gasto primario y eliminar el déficit para el año 2005 y se fijó el "piso coparticipable" en 1364 millones de pesos. Las provincias se comprometían a ser "disciplinadas" fiscalmente a cambio de mayores recursos para programas sociales y una prórroga de las posibilidades de ingresar al canje de deuda.