Jue 20.05.2010
rosario

SANTA FE › PEDIDO DE JURY DE FRATICELLI CONTRA EL PROCURADOR DE LA CORTE, AGUSTíN BASSó

Comenzará a ser tratado en Diputados

Entre los argumentos presentados por el ex juez de Rufino para sustentar el pedido de destitución del Procurador, figura que asumió el cargo a los 67 años, cuando la Constitución fija el límite en 65. La Comisión de Juicio Político citó a Fraticelli.

› Por Guillermo Zysman

La Comisión de Juicio Político de Diputados comenzó a analizar ayer el pedido de enjuiciamiento planteado por Carlos Fraticelli contra el Procurador de la Corte, Agustín Bassó. Los legisladores resolvieron citar al ex juez de Rufino para que amplíe su denuncia en la Legislatura. El Frente Progresista tiene decidido además hacer lo propio con el jefe de los fiscales, para que responda en la Cámara baja los cuestionamientos que pesan sobre él, en medio de una fortísima puja con el gobierno de Hermes Binner en torno a la reforma del Código Penal que Bassó impugnó ante el máximo tribunal. "El sólo hecho de citarlo a la comisión es un dato relevante. Todavía no resolvimos si vamos a propiciar su juicio político, pero si tomamos esa decisión lo llevaremos al recinto aunque no tengamos los votos", dijo un operador frentista a este diario. De acuerdo a la Constitución santafesina hacen falta dos tercios de los votos de Diputados para iniciar el juicio y la misma mayoría en el Senado para destituir al Procurador, un número que socialistas y radicales hoy no tienen.

La semana pasada, Fraticelli junto a su abogado Carlos Edwards concurrieron a la Legislatura y ratificaron la denuncia contra Bassó. Entre las siete causales presentadas para sustentar el pedido de destitución del Procurador de la Corte, mencionaron que asumió el cargo a los 67 años, cuando la Constitución fija el límite en 65, y en especial por haber ordenado que se objetara el fallo que absolvió a Fraticelli por la muerte de su hija.

Ayer, la Comisión de Juicio Político comenzó formalmente a analizar el planteo del ex juez de Rufino. "Resolvimos solicitarle a Fraticelli que concurra a la Legislatura para que ratifique la denuncia y eventualmente agregue elementos en los próximos días", comentó a Rosario/12 el diputado socialista Raúl Lamberto, presidente de la Comisión. Según pudo saber este diario, el oficialismo tiene decidido además citar al propio Bassó para que formule su descargo.

"Generalmente este tipo de denuncias se cajoneaban prácticamente sin analizarlas, ahora es distinto. Lo vamos a citar para que responda las imputaciones todas las dudas de los diputados", remarcó un operador del

Frente Progresista que pidió reserva de identidad.

La Comisión de Juicio Político la integran nueve diputados. Además de Lamberto hay cuatro oficialistas: Sergio Liberati (PS), Luis Mauri del PDP, el radical Leonardo Simoniello y el arista Pablo Javkin. Los justicialistas Silvia De Cesaris, Enrique Marin, Adrián Simil y Alejandra Vucasovich completan la nómina.

Si bien el Frente tiene los votos en comisión para emitir dictamen, en el recinto requiere de una mayoría especial de dos tercios, 33 legisladores para lo cual necesitará del apoyo de parte del PJ ya que el oficialismo quedó con un bloque de 27 legisladores, tras la deserción de Marcelo Brignoni de Encuentro Popular.

El plazo que tienen los diputados para definirse no es ilimitado: si a los 90 días hábiles contados desde el inicio del período de sesiones ordinarias (1º de mayo) no se pronuncian, la denuncia se considera desechada. El lapso en cuestión vence a mediados de setiembre.

El escenario será mucho más complejo en el Senado, que como cámara juzgadora si se aprobara el inicio del jury, deberá sumar 12 de 19 voluntades para destituir al jefe de los fiscales. En la Cámara alta el PJ posee 13 bancas, contra 5 frentistas y un radical independiente.

"Más allá de los números, si la decisión política y jurídica que adopta el Frente es llevar a Bassó a juicio político, lo llevaremos al recinto de Diputados. Pero todavía no está tomada esa decisión, es un tema complejo y muy sensible en términos institucionales teniendo en cuenta la puja que se entabló entre el Ejecutivo y el Procurador por la reforma del Código Procesal Penal", agregó la fuente consultada.

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