Desde Santa Fe

Un proyecto de ley que se discutirá en la Cámara de Diputados después del receso parlamentario propone reparar a los ex detenidos políticos de la dictadura con una pensión vitalicia similar a la que perciben los ex combatientes en la guerra de Malvinas. Una norma de esta naturaleza ya está vigente en la provincia de Buenos Aires, por lo que si prospera el trámite legislativo, Santa Fe sería la segunda provincia del país en resarcir a quienes sobrevivieron a las torturas y martirios en los centros clandestinos de detención. "Las víctimas del terrorismo de Estado merecen un reconocimiento institucional y un resarcimiento económico. Y este es apenas un paso más en la reparación de la dignidad robada", dijo el diputado Marcelo Brignoni, autor de la propuesta.

Brignoni presentó su proyecto acompañado por cinco de sus colegas del oficialismo y la oposición: José María Tessa, los kirchneristas Luis Rubeo, Gerardo Rico y Oscar Urruty y Antonio Riestra, del Frente Progresista. Se trata "de una pensión mensual no contributiva de carácter vitalicio para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 hayan sido condenados por un consejo de guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o privados de su libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles", explicó Brignoni

El monto de la pensión sería similar al que ya perciben los veteranos de Malvinas, equivalente a tres veces el haber mínimo de pensión vigente en Santa Fe.

"La provincia de Buenos Aires ya tiene una legislación de esta naturaleza", dijo Brignoni. La ley 14.042 sancionada por la Legislatura bonaerense "otorga una pensión graciable a aquellas personas que durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 hayan sido condenadas por un consejo de guerra, puestas a disposición del PEN y/o privadas de su libertad, como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas o de seguridad, por causas políticas, gremiales o estudiantiles".

"El golpe militar que instauró la última dictadura abolió las instituciones, destruyó toda resistencia social, provocó injusticias y desigualdades, quebrantó el orden constitucional implantó el asesinato de personas, la desaparición forzada y el robo de bebés como prácticas habituales del Estado terrorista argentino", recordó Brignoni. "Muchos argentinos y argentinas padecieran graves tormentos privados de su libertad, les robaron sus bienes y sus hijos y en muchos casos perdieron su propia vida".

Fue "la dictadura cívico militar más sangrienta" de la historia del país. Sus jerarcas eran "señores del poder y amos de la muerte" y "sus víctimas nunca más volvieron a sus vidas y a la de sus familias como antes de este genocidio".

"Nuestra tarea de hoy es intentar ser los voceros de las víctimas de aquel horror, solidarizarnos con el dolor de aquellos que padecieron en las cárceles o que vivieron y sufrieron el exilio", agregó.

"Felizmente, nuestra actualidad indica que el gobierno nacional y el pueblo argentino están haciendo una reparación histórica a las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado en nuestro país, mediante los juicios que se sustancian en nuestros días y después de muchos años de impunidad".

"Entendemos que este es el momento de llevar adelante otro tipo de reparación porque los sobrevivientes de tan aberrante dictadura, así como sus familiares, padecieron y padecen daños imborrables, producidos como consecuencia de lo vivido. Muchos de ellos han tenido dificultades para reinsertarse en la vida social y laboral al recuperar la libertad y hoy están en situaciones de extrema vulnerabilidad social, sin cobertura social ni posibilidad futura de contar con una jubilación digna".

"Por lo tanto, todos ellos merecen un reconocimiento institucional y un resarcimiento económico. Nuestro proyecto es apenas un paso más en la reparación de la dignidad robada. Y esa es nuestra obligación como Estado provincial. Debemos asumir esa responsabilidad histórica?, planteó Brignoni. El proyecto otorga la pensión a ex presos políticos que "hubieran tenido domicilio real en la provincia de Santa Fe al momento de su privación de libertad y que no sean beneficiarios de una prestación nacional, provincial o municipal derivada de la misma situación". Será "compatible con el desempeño de cualquier actividad remunerada en relación de dependencia o autónomos" e "inembargable, salvo deudas por alimentos".