Desde Santa Fe

Los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense siguieron esta semana los sondeos en el campo San Pedro que pertenece al Ejército, donde el juez federal Nº 2 de Santa Fe, Francisco Miño, ordenó buscar enterramientos clandestinos de víctimas de la dictadura y hace tres semanas hallaron una fosa común con ocho cuerpos, seis de ellos con lesiones en el cráneo compatibles con heridas producidas por armas de fuego. El hallazgo es el primero en el país en un predio militar. "Seguimos las tareas que veníamos haciendo. Terminó la remoción de la fosa y ahora continuamos los trabajos de exploración para abarcar la mayor superficie posible y ver si hubo otras inhumaciones o no", dijo el antropólogo Miguel Nieva, quien integra el grupo de investigadores junto a sus colegas Juan Nóbile y Leonardo Ovando.

La investigación está abonada por testimonios de vecinos y conocedores del campo que recuerdan varios enterramientos. "Ya hubo un hallazgo, así que la idea es continuar el trabajo y ver si puede haber otras fosas comunes o no", explicó Nieva en un diálogo con Rosario/12.

¿Ustedes consideran que pueden haber más tumbas clandestinas?

Es una hipótesis de trabajo. Puede ser que haya como que no. Puede ser que haya y que no las encontremos. Son variables que no podemos evaluar hasta que no tengamos un resultado concreto. La idea es cubrir la mayor superficie posible. Lo primero que se cubrió fue toda la zona que estaba delimitada inicialmente y después nos extendimos a otras zonas, más allá de la que estaba marcada en un principio. Ahí se produjo el primer hallazgo. Ahora, la idea es cubrir toda la zona que teníamos delimitada y tener la certeza de que hay más fosas o no. La certeza va a depender del área que podamos cubrir. No vamos a cubrir todo hasta el 31 de julio, pero la idea es extender el proyecto y seguir con los trabajos de búsqueda.

¿Cómo es el lugar donde se hacen los sondeos?

Una zona de monte y todavía queda bastante por explorar. El proyecto de investigación termina el 31 de julio, pero estamos viendo si podemos extenderlo hasta fin de año porque el predio es muy grande.

¿Quién financia los trabajos?

La Corte Suprema de Justicia de la Nación por pedido del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe.

Nieva precisó que se trata "sondeos sistemáticos" que se hacen en sectores del campo previamente delimitados. "Vamos evaluando el terreno y se realizan entre 100 y 150 sondeos por día. Para eso utilizamos una pala especial: un tubo que saca muestras del suelo que se analizan en el momento y se evalúa si hubo o no remociones de sedimentos", indicó.

¿Los cuerpos hallados en la fosa común son de víctimas de la dictadura?

Es una hipótesis, pero hasta que no tengamos la identificación de una de esas personas no vamos a tener la certeza.

¿Cuándo podrían conocerse los resultados de los análisis genéticos?

Llevarán su tiempo. La identificación se basa en comparar los ADN, pero también depende de que los familiares de estas personas hayan dado muestras de sangre en el banco del Equipo Argentino de Antropología Forense. Porque si no tenemos las muestras de sangre de esas personas, obviamente, que no vamos a poder identificarlos.

¿Tienen una hipótesis de quiénes pueden ser?

No, podemos manejar un montón de hipótesis o de variables pero no dejan de ser eso, hipótesis.

Un ex agente civil del Ejército, Eduardo Constanzo reveló un traslado de detenidos políticos del centro clandestino de La Calamita a un campo en Santa Fe, que se especula que podría ser San Pedro.

Es otra hipótesis. Si se llega a confirmar que algunas de esas personas eran las que fueron secuestradas y detenidas en Rosario se probará lo que dijo Constanzo, pero mientras tanto no tenemos elementos para confirmar o descartar lo que dice él.

La investigación judicial se inició en 2007 por una denuncia de la Casa de Derechos Humanos que integran Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico. "El hallazgo de una fosa común con ocho cuerpos es la prueba de que este campo del Ejército funcionó como centro de torturas y luego pasó a ser centro de exterminio de víctimas del terrorismo de estado", sostuvieron Milagros Demiryi y Jorge Castro.