La información debía manejarse de manera confidencial, pero se filtró en medios de comunicación de Rafaela y Santa Fe. Un testigo presentado por la querella vinculó el crimen de Silvia Suppo con acusados por causas de lesa humanidad. Lucila Puyol y Guillermo Munne, abogados de Marina y Andrés Destéfani, los hijos de Suppo, concurrieron la semana pasada al juzgado federal número 1, a cargo de Reynaldo Rodríguez, para presentar al testigo, dado que el magistrado lleva adelante la causa por el secuestro y desaparición de Guillermo Hattemer (pareja de Suppo en 1976), así como los secuestros de la propia Suppo y su segundo esposo, Jorge Destéfani. Sin embargo, la fiscal Cintia Gómez y el propio Rodríguez decidieron remitir las actuaciones al juez provincial Alejandro Mognaschi, que tiene a cargo la investigación del asesinato de la testigo y víctima del terrorismo de Estado, ocurrido el 29 de marzo pasado. Mognaschi ya tenía decidido cerrar la instrucción, acusando a Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres, de 19 y 22 años. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que la semana pasada -y a raíz de los dichos de este nuevo testigo fueron indagadas otras dos personas.

En tanto, Puyol, Munné y la también abogada querellante Paula Condrac, presentaron la semana pasada un pedido de declinatoria del juez Mognaschi, al entender que el asesinato de Suppo debe investigarse en la justicia federal, ya que está vinculado con la condición de víctima y testigo de delitos de lesa humanidad de quien brindara uno de los testimonios más importantes en la causa Brusa. La causa contra el ex juez federal Víctor Brusa y otros cinco integrantes de los así llamados grupos de tareas, terminó con condenas de entre 21 y 23 años de prisión el 21 de diciembre del año pasado.

Justamente, el pedido para que el testigo declarara bajo protección y reserva de su identidad estuvo fundado en el grave peligro que corría su vida a partir de esa declaración. Sin embargo, el diario Castellanos de la ciudad de Rafaela publicó la información, descalificando los dichos de este nuevo testigo, así como también a la querella.

Tras la filtración, ex detenidos desaparecidos junto a integrantes de organismos de derechos humanos escribieron una carta dirigida "a los/as compañeros/as, hermanos/as, militantes y en especial a quienes honran la memoria de Silvia". La intención fue dilucidar la situación de la causa. "El desarrollo del expediente nos lleva a plantear demasiadas dudas por la impericia policial, las tremendas contradicciones de los funcionarios policiales en sus testimoniales, las llamadas anónimas nunca investigadas y la escasez de medidas que abran una línea de investigación distinta al 'homicidio en ocasión de robo'", dice el documento que no se envió a la prensa.

Entre las dudas que surgen para los militantes, la principal está centrada en la falta de elementos objetivos de prueba. No hay huellas identificables ni sangre en la ropa, en los cuchillos supuestamente usados para matar a la víctima, así como tampoco en la ropa encontrada en un campo cercano a Rafaela. Además, Cóceres no cuenta con ningún antecedente penal, mientras Sosa -con antecedentes de robos es analfabeto, lo que genera dudas sobre la competencia para ejecutar un crimen con tan pocos cabos sueltos. Al mismo tiempo, la pericia del Cuerpo de Médicos Forenses de Rosario no concluyó con certeza que los cuchillos secuestrados fueran los utilizados para matar a Suppo.

En ese escrito, los militantes indican: "Por la seriedad de la información y por razones de seguridad no pudimos informar abiertamente, por lo que acudimos a las autoridades nacionales, que nos brindaron todo su apoyo".