La Fiscalía de Estado respaldó la adjudicación directa de la autopista Santa Fe Rosario a las empresas Supercemento y Edeca que investiga la justicia y aconsejó al gobernador Hermes Binner rechazar la observación legal del Tribunal de Cuentas. "El Poder Ejecutivo estaría en condiciones de emitir un acto de insistencia del decreto 1034" que fue impugnado por el organismo de control, dice el dictamen que firman el fiscal Jorge Barraguirre y su adjunto Juan Pablo Cifre. Barraguirre justificó la concesión precaria del corredor por la salida Aufe SA , pero con argumentos distintos a la "razones de necesidad y urgencia" que había planteado el ministro que operó el contrato, Antonio Ciancio. "No ha sido la mera 'urgencia' el hecho justificante de la contratación excepcional, sino la configuración de una situación compleja que luce más bien como un caso de fuerza mayor'", lo corrigió el fiscal. Y agregó que tampoco se puede hablar de "una concesión de obra pública", sino de "una prestación particular, precaria y sui generis, que por su contenido y naturaleza jurídica resulta más cercana a un permiso precario oneroso de explotación de un corredor vial por cobro de peaje que a un contrato de concesión de obra pública, típico del derecho administrativo".

Los legisladores del PJ que denunciaron el caso ante la justicia coincidieron con el dictamen de Barraguirre, pero no con sus conclusiones. "El fiscal de Estado le da la razón a la oposición que dice exactamente lo mismo. Habla de una 'incorrecta conformación del trámite'. Y dice que no hubo 'urgencia', que es lo mismo que decimos nosotros. Y si no hubo urgencia el acto es ilegal porque no hay ningún motivo para hacerlo de la forma que se hizo, sin licitación y sin concurso de precios. Por lo tanto, será la justicia la que tendrá la última palabra", advirtió el diputado Mario Lacava.

El argumento de la "necesidad y urgencia" que había planteado Ciancio para entregar la concesión de la autopista a Supercemento y Edeca por un año ya había sido rebatido por el Tribunal de Cuentas. "El Tribunal de Cuentas sostiene que la situación de urgencia habría sido generada por la propia demora negligente de la Administración en producir el llamado a licitación. Respetuosamente, no parece que ello fue así y más que razones de urgencia lo que habría llevado al Ministerio (de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente) a proponer la contratación directa fue más la necesidad o la fuerza mayor que aquella otra figura", dijo el fiscal.

Y agregó: "A la luz de estas realidades, más que un problema de falta de justificación es dable advertir un encuadramiento legal incorrecto dado que no ha sido la mera 'urgencia' el hecho justificante de la contratación excepcional, sino la configuración de una situación compleja que luce más bien como un caso de 'necesidad o fuerza mayor', situaciones que no pueden calificarse como un vicio de ilegitimidad para fundar la observación"

"En otros términos, el Estado provincial se vio forzado a reestructurar el modelo de concesión ante los hechos acontecidos en el contexto nacional y, por lo tanto, se vio también forzado a postergar la licitación sin que pudiera poner en marcha la nueva concesión al respectivo vencimiento de la vieja. Bajo las condiciones ocurridas, no veo que pueda fundarse un reproche de ilegitimidad".

Según Barraguirre, la extinción del contrato con Aufe y las demoras en llamar a una nueva licitación, dejó a la provincia ante "un 'período crítico' o 'de transición', consistían en: 1) prorrogar el contrato con la concesionaria; 2) asumir directamente la prestación del servicio; 3) contratar a un prestador transitoria y precariamente; 4) suspender el servicio". El gobierno optó entonces por la tercera alternativa.

Barraguirre corrige también el encuadre legal del contrato con las empresas que ahora cobran el peaje en la autopista. "La contratación se encuentra mal calificada como 'concesión de obra pública', atento a la intrínseca precariedad de la gestión, de exigencia mínimas para el prestador y del limitadísimo plazo contractual. En todo caso, nos encontramos ante una prestación particular, precaria y sui generis, que por su contenido y naturaleza jurídica resulta más cercana a un permiso precario oneroso de explotación de un corredor vial por cobro de peaje que a un contrato de concesión de obra pública, típico del derecho administrativo", explicó.

El punto 54 del dictamen es otra reprimenda al ministro Ciancio por los métodos que utilizó para entregar el corredor a Supercemento y Edeca. "Párrafo aparte merecen las advertencias sobre el procedimiento y los aspectos formales que se indican y que esta Fiscalía también ha señalado. Corresponde advertir a los estamentos involucrados que el trámite requiere mayor apego a las reglas y si bien la urgencia y los plazos apremiantes dentro de los cuales se trabajó pueden justificar cierta laxitud en las formas, deberá tenerse en cuenta que este tipo de cometidos requiere de mayores precisiones. Así como el cuerpo humano no es una simple colección de células, un expediente no es una simple recolección de papeles. Es un trámite disciplinado que busca justificar ante la mirada ciudadana una decisión administrativa. Se tendrá presente", concluyó Barraguirre.