La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó ayer como querellante en la causa que investiga el asesinato de Silvia Suppo a raíz de un testimonio de identidad reservada que vinculó el crimen con acusados por delitos de lesa humanidad y le pidió al juez de Instrucción Nº 2 de Rafaela, Alejandro Mognaschi que decline su competencia y remita el expediente a su colega y juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez. "La decisión fue adoptada por expresas instrucciones de la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner para que el Estado nacional se constituya como querellante en la causa", dijo una fuente segura consultada por Rosario/12. "Ahora esperamos que el juez de Rafaela acceda a la petición y que las investigaciones de la justicia federal aclaren definitivamente lo sucedido e impongan el castigo debido a sus responsables e instigadores", agregó el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.

Silvia era víctima y testigo clave de los crímenes del terrorismo de estado hasta que fue apuñalada el 29 de marzo último, en su negocio del centro de la ciudad de Rafaela. Por el hecho, el juez Mognaschi procesó a dos cuida coches, Rodrigo Sosa, de 19 años y a su primo de 22, Rodolfo Cóceres, a quienes acusó por "homicidio calificado" por ensañamiento, que prevé la pena de prisión perpetua.

La confesión de los dos trapitos empujó a Mognaschi a descartar la hipótesis del crimen político. Pero la causa volvió a tener otro giro el 31 de agosto, cuando un testigo se presentó en el Juzgado del doctor Rodríguez y vinculó el homicidio de Suppo con acusados por delitos de lesa humanidad que lo habrían instigado. Rodríguez aceptó la declaración bajo reserva de identidad y hasta solicitó que se lo incluya en el plan nacional de Protección a Testigos e Imputados, pero después remitió el testimonio al doctor Mognaschi, aún cuando en la justicia ordinaria no existe la figura del testigo protegido.

Ayer, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación consideró que las revelaciones del testigo obligan a intervenir al fuero federal. Por lo tanto, se presentó como querellante y solicitó al juez Mognaschi que decline su competencia y remita el expediente al juez Rodríguez, tal como lo reclamaron los hijos de Silvia Suppo, a través de sus abogados querellantes. "El delito que se investiga tiene ineludible relación con la participación de la víctima como testigo en el juicio oral y público contra el ex juez federal Víctor Brusa, y los ex policías Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aebi, Eduardo Ramos, Mario José Facino y Héctor Colombini y con el impulso que daba a la causa por la desaparición de su compañero, Reinaldo Hattemer, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela", dijo Duhalde. Y agregó: "Ahora esperamos que el juez de Rafaela acceda a la petición, y que las investigaciones de la justicia federal aclaren definitivamente lo sucedido e impongan el castigo debido a sus responsables e instigadores".

La decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de querellar a los supuestos autores materiales e ideológicos del asesinato de Suppo y pedirle al juez Mognaschi que se inhiba de seguir interviniendo y pase el expediente al juez federal de Santa Fe impactó en Tribunales. "Hubo expresas instrucciones de la presidenta de la Nación para que el Estado nacional se constituya lo antes posible como parte querellante en la causa, solicite la inhibición del juez de Rafaela y apoye los pedidos de la hijos de Suppo", dijo una fuente consultada por este diario. Ese fue el motivo para que el escrito se presente ayer a la mañana.

Unas horas después, la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Virginia Blando Figueroa, ya se había comunicado con los abogados de los hijos de Silvia Suppo. "Nos comentó detalles de la presentación y quedamos que el lunes o martes nos reuniremos para comenzar a trabajar en conjunto", informó a Rosario/12 la doctora Lucila Puyol, quien patrocina a los hijos de Silvia, Andrés y Marina Destéfani, junto a sus colegas Guillermo Munné y Paula Condrac.

Esta semana, sobrevivientes de la dictadura y ex compañeras de cautiverio de Silvia Suppo, volvieron a pedir justicia. "Nuestro planteo siempre fue que se investiguen todas las hipótesis y, fundamentalmente, la de 'crimen político' por encargo. Lo seguimos reclamando, a casi seis meses del asesinato más cruel y sangriento a una compañera militante y testigo de juicios de terrorismo de estado".

"Hace meses que venimos sosteniendo que no se debía cerrar el caso con la simplificación y mentiras que planteaban los funcionarios de gobierno, que se debía investigar hasta que todos quedemos convencidos de cuales habían sido los móviles del asesinato de Silvia".

"El desarrollo del expediente nos lleva a plantear demasiadas dudas por la impericia policial, las tremendas contradicciones de los funcionarios policiales en sus testimoniales, las llamadas anónimas nunca investigadas y la escasez de medidas que abran una línea de investigación distinta al 'homicidio en ocasión de robo'. Nuestro compromiso y nuestro deber, fue y sigue siendo: insistir en el esclarecimiento de los hechos".