Unos 760 niños, niñas y adolescentes santafesinos viven separados de su núcleo familiar. El dato fue aportado por la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marcela D'Angelo, luego que se conociera la cifra a nivel nacional, que asciende a más de 21 mil. La funcionaria indicó a Rosario/12 que de esa cantidad de santafesinos menores de 18 años "predominan casos de los sectores más humildes", aunque aclaró que "no significa que no haya casos de otros sectores: se dan en todos los estratos sociales". Al mismo tiempo, D'Angelo indicó que de la totalidad de chicos y chicas que viven en instituciones públicas, privadas y en alojamientos de familias sustitutas, al menos 60 casos "son situaciones que, según el trabajo y el tiempo de separación, poseen difícil retorno a la familia de origen", por lo que se presentarán los informes al Juzgado de Familia para una posible adopción. También consideró que el Estado está en deuda con los que llevan más de un año y medio -el máximo que estipula la ley- en situaciones transitorias.

Los niños de entre dos y doce años, y adolescentes menores de 18 se encuentran separados de su familia de origen por diferentes motivos, aunque la violencia es una de las principales causas. Muchos de ellos están formando parte de programas de familias: solidarias, de tránsito y sustitutas. "Cuando esa separación tiene que ver con maltrato o con abuso, lo primero que se hace es resguardar a los niños, y aquí se da la separación transitoria", detalló la funcionaria.

En el mismo sentido, aclaró que de las 760 situaciones, más de 60 son de "difícil retorno". "Por la responsabilidad y la tarea que tenemos desde la subsecretaría, nos corresponde identificar esa cantidad de casos. Y el paso siguiente es presentar los informes de cada situación al Juzgado de Familia, donde se comunique que desde la subsecretaría ya se arbitraron todas las tareas indispensables para intentar el retorno, y creemos que hay que dar paso a que los chicos tengan acceso a una familia definitiva: que puedan tener la posibilidad de la adopción".

La subsecretaria destacó: "En 2010 se hizo un importante trabajo con los jueces de Familia, fundamentalmente de Rosario, para que las situaciones sean regularizadas los más pronto posible, para lograr favorecer el acceso a una familia definitiva". Y agregó que "a la subsecretaría llegan muchísimas más situaciones de niñas y niños que por la tarea de los equipos locales no ameritan una medida excepcional".

En cuanto a las situaciones, que en su mayoría se dan por violencia, ya sea agresión física, verbal, y hasta abuso sexual, D'Angelo indicó: "Cuando no se hace posible el retorno al hogar de origen, la situación está directamente relacionada con la gravedad de la experiencia que atravesó ese niño, niña o adolescente; pero muchas veces hay recursos para trabajar con la familia ampliada (abuelos, tíos o demás familiares). Cuando se define el difícil retorno es porque se agotaron los recursos de esa familia de origen para poder alojar al niño".

La funcionaria indicó también que una de las demandas que llegan a las dos direcciones de la subsecretaría -en Rosario y la ciudad capital- corersponden a adolescentes que "sienten que no tienen más cabida en sus grupos familiares y no quieren volver a su casa".

En cuanto a los sectores más afectados, la funcionaria indicó que "hay un predominio de casos en los sectores más humildes". Según detalló tienen que ver con que en muchas situaciones "el capital social que tiene la familia hace que se pueda estar trabajando más en el territorio, mientras que en otros casos amerita una mayor intervención del Estado"; aunque aclaró: "Las situaciones de maltrato no diferencian estrato social".

Para D'Angelo, lo más importante es la comunicación con las familias por parte de los diferentes integrantes de los equipos de trabajo. Al mismo tiempo, la funcionaria indicó que los niños alojados en instituciones están escolarizados. "Se facilita el acceso al espacios con sus pares, sea en la escuela, en actividades deportivas, y otras tareas. Hay que buscar que los chicos no tengan una vida hacia adentro, sino que puedan ser incorporados a las situaciones de infancia como cualquier otro niño".

D'Angelo reconoció que "el Estado tiene una deuda" con los niños, niñas y adolescentes que hace más de un año y medio están separados de su familia de origen, mientras se trabaja en la situación y se define la posibilidad del retorno. "A partir de la vigencia de la ley provincial, se plantea como tiempo óptimo de los chicos en esta situación el lapso de un año y medio; pero la realidad de nuestra provincia es que hay situaciones de mayor tiempo, de hasta tres años, y eso es una deuda aunque ese chico sea bien tratado en su lugar de alojamiento. Estamos trabajando en alternativas", dijo la funcionaria.