La comuna de Ibarlucea y el gobierno provincial fueron demandados ante la justicia por una abogada ambientalista, que patrocina un chiquito afectada por fumigaciones, luego de la aprobación de una ordenanza que admite aplicaciones de agroquímicos a solo cien metros de las viviendas. "El recurso de amparo -presentado en el Juzgado de Distrito de la Sexta Nominación de Rosario, a cargo del Juez Néstor Osvaldo García- es contra la Comuna de Ibarlucea a cargo de Juan José Prino y contra la Provincia de Santa Fe por la violación de la ley Nº 11.273 que regula el uso de Productos Fitosanitarios y por la Ordenanza Nº 602/10 que condena a toda la población de la localidad a seguir inhalando agroquímicos dispersados mediante prácticas de fumigación que se realizan en campos linderos a la misma. También incorpora la medida de no innovar tendiente a proteger los derechos de los habitantes", explicó la abogada Graciela Cristina Gómez, quien patrocina a Maria Celeste Bravo, cuya hija se vio afectada por el uso de agroquímicos.

La medida judicial llega luego de repetidos reclamos que se plasmaron en tres petitorios enviados por Gómez, reclamando una zona de resguardo urgente para la población tras haber constatado en análisis practicado a un niño de 9 años donde se detecta la presencia de piretroide, más precisamente Lambdacialotrina con valor de 1,4 ppb que se encuentra en los insecticidas de nombre Karate usados para la fumigación.

Para Gómez, miembro de la Asociación de Abogados Ambientalistas "el gobernador, sus Ministros y sus dependientes no cumplen con los artículos Nº 72 inciso 19, artículos 73 y 77. La provincia cuenta con una Ley de fitosanitarios desde el año 1995 y su decreto reglamentario desde el año 1997. Sin embargo solo un tercio de los municipios de toda la provincia la acatan por lo tanto el artículo 72 de la Constitución Provincial no se cumple".

Dentro de los más de setenta carillas del amparo, entre la Jurisprudencia citada son destacables:

* "Di Vincensi Oscar c/ Delaunay Alfredo s/Amparo", ante el Tribunal Criminal Nº 2 de Mercedes, que prohibió fumigar al productor rural vía aérea a una distancia inferior a los 2 kilómetros del casco urbano". Con la demanda de amparo se presentó un dictamen del Departamento de Toxicología del Hospital de Niños de La Plata que refiere que la fumigación a una distancia de 200 metros tiene efectos sobre la salud. Y conforme al principio precautorio no hay que esperar que los chicos tengan cáncer para prohibir fumigar.

* El informe de la Universidad Nacional del Litoral sobre glifosato, en el expediente San Jorge, que detalla en forma precisa los daños del glifosato en el ambiente, sus efectos tóxicos en vertebrados no humanos, y los efectos en humanos.

* La presentación además adjunta completo el informe del Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, realizado en la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba 27 y 28 de Agosto 2010.

El amparo en otro de sus puntos habla del incumplimiento de la ley. "La Dirección General de Sanidad Vegetal, del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe y en cuya representación se asesoró en el dictado de la ordenanza en cuestión, por medio del Ingeniero Agrónomo Ruben Cavo, se constituyó en asesor de la Comuna. Lo cierto no puede hablarse de desconocimiento, ya que nadie puede alegar su propia torpeza. Su accionar puede ser tomada como mala praxis, sea culposa o dolosa. A ello debemos sumar el informe que se adjunta de la visita de la Comisión sobre Agrotóxicos a la localidad de Santi Spiritu, donde también estuvo presente este ingeniero. También el presidente Comunal de Ibarlucea puede estar incurso en los delitos de abuso de autoridad incumplimiento de deberes de funcionario público e inobservancia de la legislación provincial y por haber posibilitado, con la inejecución de las referidas normativas, que se atentara contra la salud y la vida de los habitantes de la Comuna que preside", dijo Gómez.

Para la abogada "también la comisión comunal no respeta la Ley Orgánica de Comunas, siendo que el consenso para cada una de las decisiones tomadas a puertas cerradas donde puedan participar todos los habitantes y no solamente unos pocos privilegiados, mientras el pueblo observa por la ventana".

La letarda aclara que "en Argentina no existe una ley nacional de agroquímicos que contenga un régimen penal específico y que prevea sanciones para quienes fumiguen con agrotóxicos en forma ilegal. Sin embargo dicha conducta puede llegar a encuadrarse en el delito de contaminación previsto en el art. 55 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051 (Fumigaciones ilegales con agrotóxicos y Código Penal, Carlos Matheu, Fiscal de Instrucción Distrito III Turno 6º Poder Judicial Provincia de Córdoba).