La difusión de la historia de Miguel Cabos, el ex preso político que actualmente vive en la plaza Montenegro, abre puertas de taxis para sobrevivir y no cuenta con ninguna contención social, tuvo un fruto inmediato: el Ministerio de Salud de la provincia se comunicó ayer con integrantes de la Asamblea de Ex Presos Políticos para ofrecer asistencia psicológica y también social. "Llamaron del ministerio de Salud para ofrecer todo el tema de asistencia psicológica y psiquiátrica. Para eso, el miércoles vamos a hacer una reunión con Cabos. También nos ofrecieron hacerse cargo del alojamiento para que pueda dejar de vivir en la calle", indicó Héctor Chinche Medina, integrante de la Asamblea que reclama una pensión vitalicia para quienes sufrieron la represión ilegal en carne propia.

"Nos provocó una gran alegría recibir esa propuesta, porque empezamos a ver una salida. Nos veníamos preguntando con los compañeros qué podíamos hacer, más allá de las actitudes solidarias de juntar ropa, o algo de dinero, para ayudarlo con sus gastos", explicó Medina, quien ayer vio por primera vez una luz en el camino. "Tuvimos una respuesta para saber que se le puede dar una readaptación social, la posibilidad de reinsertarse", dijo el militante, ex preso político también, y dirigente del sindicato de telefónicos, SITRATEL.

La propuesta del gobierno provincial es iniciar un trabajo con Cabos que no sea drástico, sino que apunte a conservar su hábitat. La intención de las autoridades es aportar para que pueda alojarse en la misma pensión céntrica a la que va cuando cuenta con algunos pesos para pagarse el alojamiento. La provincia también aportará los medicamentos que requiere Cabos para tratar las secuelas de la represión ilegal. Por un lado, las torturas sufridas en el Servicio de Informaciones y por el otro, las heridas que le produjo la fuga, en octubre de 1976, de un auto en movimiento, un Ford Falcon. En ese vehículo, la patota los llevaba a él y un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ernesto de los Santos Ifrán, hacia la provincia de Córdoba. A la altura de Cañada de Gómez, y sabiendo que iban hacia una muerte segura, los dos detenidos se tiraron del auto. Ifrán tenía conocimientos de paracaidismo y aviación, y eso le permitió tirarse del auto con mayor certeza. En cambio, Cabos tuvo una herida en la cabeza cuyas secuelas subsisten.

A raíz de la nota de José Maggi, publicada en la edición de ayer de Rosario/12, también del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (ex Esma, en la ciudad de Buenos Aires) y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se interesaron por la situación de Cabos.

"Historias como la de este compañero nos permiten ver que las consecuencias de la represión subsisten. Y que el estado jamás se hizo cargo de los que quedaron vivos", consideró Medina, quien ejemplificó que "todavía es tabú el tema de los exiliados". Para Medina, "no se midieron las consecuencias del terrorismo de estado en la vida de las pesronas. En esta zona, en Rosario, gran cantidad de compañeros no lograron reinsertarse socialmente. Pero si vas al norte de la provincia, ese porcentaje es del 90 por ciento. No pudieron obtener trabajo por sufrir el estigma de haber sido detenidos políticos, y sus hijos también cargan con la portación de apellido. Por eso es importante impulsar el proyecto de pensión para los ex detenidos, porque permitirá afrontar situaciones que quedaron desprotegidas todos estos años".