Domingo, 20 de febrero de 2011 | Hoy
SANTA FE › LA DELEGADA DEL INADI PIDIó AUDIENCIA CON CARMEN ARGIBAY
Por Sonia Tessa
La delegada del Inadi en Santa Fe, Stella Vallejos, solicitó una entrevista con la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, para plantearle la "situación de indefensión" que viven las mujeres en el norte santafesino, donde los casos de violencia de género se suceden y agravan. La gota que rebalsó el vaso se produjo esta semana, en Reconquista, donde una mujer de 23 años, embarazada de dos meses, fue encerrada por su pareja durante cinco horas bajo golpes y torturas. La familia de la joven realizó la denuncia, pero eso tampoco es garantía de rápida intervención policial. Según relató una médica feminista de esa ciudad, Cristina Díaz, cuando las mujeres concurren a la sede policial, en lugar de tomarles la denuncia -que permitiría iniciar las acciones judiciales previstas en la ley provincial de violencia familiar- sólo elaboran una "exposición" sin efectos prácticos. "No existen refugios para mujeres víctimas de violencia en el centro ni en el norte de la provincia", indicó Vallejos, quien subrayó que "la ley no se cumple".
La delegada del Inadi confesó que no sabe "evaluar si hay más visibilidad o un recrudecimiento de violencia hacia las mujeres. El tema es que los deben amparar a las mujeres, no estoy hablando de toda la provincia, sino en el norte, no están haciéndolo. Cuando el pedido de ayuda llega a mí, en la ciudad de Santa Fe es porque los lugares donde deberían darles respuestas no lo hacen". La funcionaria consideró crucial que "cada uno cumpla con el rol que le corresponde. La policía, el fiscal, la justicia, tienen que cumplir con su deber de amparar a las mujeres".
Según recogió la delegada del Inadi, "la cantidad de situaciones de violencia es alarmante, abarca a todos los estamentos sociales, identidades partidarias. En el norte existe un desamparo absoluto, por ejemplo, hay una comisaría de la mujer que no toma las denuncias".
Una rápida recorrida por los casos publicados en los medios de comunicación de los últimos cuatro meses, arroja una gran cantidad de casos de violencia de género. El último, difundido el 16 de febrero pasado, es el de Alejandra, de 23 años, que fue golpeada de manera continuada durante más de cinco horas por su pareja, quien la amenazó con cortarla con una motosierra, y también con un hacha. Además, le pegó con palos. La chica fue retenida desde el lunes pasado a la noche, hasta primera hora del martes, por el agresor, en su casa, y luego debió ser llevada al hospital.
Para Vallejos, la indefensión de las mujeres en el norte provincial es gráfica en algunos casos que considera paradigmáticos. Sin develar la identidad de la víctima, para protegerla, contó uno de Reconquista. "Una chica que fue víctima de violencia durante muchísimos años, en uno de esos episodio le tiró con agua caliente al agresor mientras la estaba golpeando, para defenderse. Al muchacho no le quedaron casi heridas y la chica había presentado muchas denuncias. Pero la chica fue condenada por el juez por intento de homicidio. Como la mujer tiene dos hijos chiquitos, y tuvo buena conducta, salió en libertad condicional. En las últimas fiestas, el hombre se metió en su casa y la golpeó de nuevo. Pero ella no tiene a quién recurrir, porque los operadores judiciales ya mostraron su posición frente al tema", relató la funcionaria.
Vallejos quiere poner el acento en "las mujeres víctimas de violencia, que no murieron, pero sufrieron agresiones, porque esa es la manera de prevenir el femicidio". Además, considera que existe "una negligencia del estado. En concreto, con las mujeres que están siendo víctimas de violencia, porque no les reciben la denuncia, ni les dan contención o asesoramiento legal".
En la provincia existe una ley del diputado provincial Enrique Marín, oriundo de Reconquista, para sancionar a los empleados policiales que no reciban las denuncias o eviten iniciar las actuaciones correspondientes en los casos de violencia contra las mujeres, pero hasta ahora, esa normativa fue impracticable. "¿Adónde van las víctimas a denunciar a los policías que no le toman la denuncia, si no tienen instituciones que las amparen?", preguntó la delegada del Inadi.
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