La abogada Lucila Puyol aclaró ayer que la postura del Procurador General subrogante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Luis González Warcalde, que aconsejó que la causa por el asesinato de Silvia Suppo, sea investigada por el fuero provincial, "no es más que un consejo que la Corte no tiene obligación de seguir". "Esto ya pasó en el caso que resulta de similar aplicación: el de la desaparición de Jorge Julio López, cuando el propio Procurador de la Corte Esteban Righi consideró que debía ser investigado por la justicia bonaerense, y la Corte decidió finalmente que sea el fuero federal. Este es el ejemplo más claro", remarcó la letrada que junto a Guillermo Muné patrocinan a la familia de la víctima.

Ayer este diario dio a conocer el dictamen de la Procuraduría General de la Nación que aconsejó a la Corte Suprema de Justicia que declare la "competencia" del juez de Rafaela, Alejandro Mognaschi, para investigar el asesinato de Suppo y desestime la posibilidad de que el expediente pase al juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, como reclamaron los hijos de la víctima y los abogados querellantes.

La abogada entendió que "el dictamen es la posición del fiscal respecto de cómo entiende dónde debe tramitarse la causa, pero no la resolución final: ahora es la Corte la que deberá dirimirlo".

Puyol destacó que "con el caso de Jorge Julio López, que es justamente el caso de jurisprudencia que presentamos como apoyo de nuestra tesis, el Procurador Righi también planteó que la causa debía seguir en la provincia pero la Corte se apartó de ese criterio marcando su parecer y por seis votos contra una disidencia se decidió que investigara en la justicia federal. Por eso creemos que este criterio será mantenido por al Corte".

En este sentido y respondiendo a las críticas acerca del poco valor que algunos sectores le han dado al testigo de identidad reservada, la letrada aclaró que "el testimonio no se pudo profundizar porque no hay aún respuesta acerca del fuero que debe investigar. Está claro que el juez provincial no pudo hacerlo porque la declaración está hecha ante el un juez federal, porque son datos que liga el crimen al terrorismo de estado. No es cierto que no tiene valor, si el juez Mognaschi pretendiera verlo, no tendría hoy competencia".

En la misma línea Puyol recordó que "Silvia Suppo además de testigo de la causa Brusa, era además ante la justicia federal denunciante por los delitos sufridos en mayo de 1977, cuando fue víctima de secuestro, torturas, tormentos y violación. En esta causa había reconocido a muchas persona, a las que acusó y señaló a otras que aún no han sido acusadas. En resumen el testigo reservado dijo que Silvia fue asesinada por lo que dijo en Brusa y por lo que iba a decir", concluyó Puyol.

Puyol dijo que "se intenta mostrar como una postura adoptada por la Corte cuando es solo la de un fiscal a quien se le corre vista para opinar, cuando son los jueces o la Suprema Corte en este caso la que decide. Y ya lo ha hecho en el caso de López".

Cabe recordar que si la Corte resuelve con el mismo criterio de Warcalde, Mognaschi quedaría habilitado elevar a juicio a los dos limpiavidrios detenidos y procesados por el homicidio: Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres.

El conflicto judicial comenzó a plantearse en agosto del año pasado, cuando este testigo de identidad reservada alentó la hipótesis del crimen por encargo, pero Rodríguez despachó el testimonio a Mognaschi, quien ratificó su competencia. Sin embargo, la querella apeló ante la Cámara de Penal de Rafaela, que un fallo dividido consideró que la causa debía pasar al fuero federal. Rodríguez volvió a rechazar el planteo, devolvió el expediente a Mognaschi y éste lo derivó al superior común para que resuelva el conflicto: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.