Desde Santa Fe

Un comisario retirado de la Policía santafesina que está preso desde hace tres años, Roberto Martínez Dorr, se convirtió en el primer acusado por delitos de lesa humanidad del país que pidió la "suspensión del juicio a prueba" para beneficiarse con la "probation" y conmutar una eventual pena de cárcel por trabajos sociales. El Tribunal Oral de Santa Fe rechazó la solicitud por considerar que "las violaciones a los derechos humanos" durante la dictadura "resultan de tal gravedad social y trascendencia institucional que no pueden ser objeto del beneficio que se pretende" y ratificó la fecha para el comienzo del juicio oral y público: el 31 de marzo próximo. Sin embargo, el abogado del represor, Néstor Oroño, dejó abierta la posibilidad de apelar el fallo ante la Cámara Nacional de Casación Penal, por lo que si eso ocurre, el debate oral podría suspenderse. Martínez Dorr está preso desde febrero de 2008 aunque en agosto del año pasado logró el arresto domiciliario , por la "privación ilegal de la libertad" y "tormentos agravados" a un ex detenido político, Froilán Aguirre, en octubre de 1976, cuando éste tenía 17 años y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

Martínez Dorr pidió la "suspensión del juicio a prueba" por considerar que la "acusación que pesa" en su contra "queda conformada a partir del mínimo de tres años (de prisión), lo que en principio tornaría viable la imposición de una condena de ejecución condicional". El planteo fue hecho con el patrocinio del penalista Néstor Oroño, abogado de otros represores y ahora candidato a senador por La Capital por la alianza entre el peronismo federal que responde a Eduardo Duhalde y el PRO de Mauricio Macri que postula como candidato a gobernador de Santa Fe al cómico Miguel Torres del Sel. El año pasado, Oroño defendió al ex gremialista de la Uocra y ex agente secreto del Ejército, Horacio Américo Barcos, condenado a once años de cárcel por "secuestros" y "torturas" que después se unificó con otra por "extorsión" en 15 años.

El argumento de Martínez Dorr de una eventual "condena condicional" fue rechazado de plano por Ministerio Público Fiscal. Si hay una sentencia condenatoria, "la pena de prisión sería indudablemente de cumplimiento efectivo atento a la gravedad de los delitos que se le imputan", dice el dictamen del fiscal general Martín Suárez Faisal y de su segundo, Patricio Longo. Y reivindica "el interés de la sociedad en la resolución de este tipo de causas, dada la naturaleza y gravedad" de los delitos de lesa humanidad, "por lo que cobra aún mayor relevancia el desarrollo del debate, el cual implica la publicidad de su contenido, la discusión de las circunstancias fácticas y jurídicas y la declaración de responsabilidad del autor".

El dictamen fiscal advierte también sobre otro impedimento para que Martínez Dorr se beneficie con la probation y zafe del juicio oral y público. Y es su "calidad de funcionario público" cuando sucedieron los hechos, en octubre de 1976, y operaba como oficial del Comando Radioeléctrico de la Policía.

El Tribunal coincidió con los fiscales al considerar que el caso de Martínez Dorr "se encuentra expresamente excluido" del beneficio. Y citó el artículo 76 del Código Penal: "No procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito".

La incorporación de la probation al sistema penal argentino, explicó "se asienta en la necesidad de recurrir a alternativas sustitutivas de la pena para los casos de menor gravedad y de igual modo, obviar el juzgamiento de aquellos casos de menor trascendencia penal con el fin de preservar el juicio oral para los delitos más graves y complejos".

"Es evidente, entonces, que los hechos que aquí se investigan, relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos resultan de tal gravedad social y trascendencia institucional que no pueden ser objeto del beneficio que se pretende". "Los delitos de lesa humanidad son precisamente aquellos en los que más que ningún otro resulta imprescindible que sean sometidos a los principios que impone el debate oral, tales como la contradicción, la inmediación y la oralidad, que otorgan mayores garantías a todas las partes, y la publicidad en el desarrollo del juicio que posibilita a toda la sociedad conocer los hechos, la responsabilidad de quienes participaron en ellos y fundamentalmente el modo en que fue resuelto el conflicto", concluyó el Tribunal en una resolución que firman los jueces José María Escobar Cello, María Ivon Vella y su colega de Paraná, Roberto López Arango.

El juicio a Martínez Dorr sería el cuarto por crímenes de lesa humanidad que se realizará en Santa Fe. El diciembre de 2009, el Tribunal Oral condenó al ex juez Víctor Brusa a 21 años de cárcel y a otros cinco ex policías: Héctor Colombini y Eduardo Ramos (a 23 años de prisión), Juan Calixto Perizzotti (22 años), Mario Facino (20 años) y María Eva Aevi (19 años). Y el año pasado produjo otros dos fallos: el 12 abril, sentenció al ex agente civil del Ejército, Horacio Américo Barcos, a 15 años de cárcel y el 13 de agosto volvió a condenar a Facino a 23 años de prisión por el secuestro, torturas y asesinato de la militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, desaparecida en 1976 y ordenó que cumpla la pena en una cárcel común y no en su quinta de San José del Rincón, como lo hacía hasta entonces.