Desde Santa Fe

El juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, deberá resolver en los próximos días la situación procesal de siete imputados por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe, entre ellos el último detenido: el ex jefe de la comisaría 4ª, Ricardo Ferreyra, a quien la semana pasada le concedió el arresto domiciliario tras indagarlo por "privación ilegal de la libertad", "tormentos agravados" y "asociación ilícita". La investigación es una secuela del juicio al ex juez Víctor Brusa y cinco policías condenados a fines de 2009 por el Tribunal Oral a penas que oscilan entre 23 y 19 años de cárcel, por lo que la mayoría de los acusados son los mismos: Brusa, los comisarios Juan Calixto Perizzotti y Héctor Romeo Colombini, el ex agente de inteligencia del D 2, Eduardo Ramos y la ex carcelera María Eva Aevis, aunque ahora se agregaron dos más: el ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, teniente coronel Roberto Diab y el comisario Ferreyra. El doctor Vera Barros interviene porque no lo pueden hacer sus dos colegas de Santa Fe: Reinaldo Rodríguez (juez federal Nº1), apartado en su momento del proceso, y Francisco Miño (juez federal Nº 2), por su amistad con Brusa. En la causa se investiga un eslabón clave en el circuito represivo de Santa Fe: la comisaría 4ª, por secuestros y torturas que sufrieron detenidos políticos, pero ya en 1977, cuando Ferreyra había reemplazado en la jefatura del centro clandestino a su colega, el comisario Mario Facino, quien ocupó el cargo hasta fines de 1976. Facino ya fue condenado dos veces por el Tribunal Oral de Santa Fe: en el juicio a Brusa, a 20 años de prisión y el 13 de agosto último, a 23 años de cárcel por el secuestro, torturas y asesinato de la militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, desaparecida en 1976, en la comisaría 4ª.

Otro de los hechos que están bajo la lupa es un secreto que Perizzotti confesó en el juicio a Brusa, cuando dijo que el teniente coronel Diab le entregó a diez militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) que estaban secuestradas en un centro clandestino conocido como "La casita", y que luego él trasladó hasta la Guardia de Infantería Reforzada (GIR). "Perizzotti sostuvo que en presencia de Diab escoltó desde la ciudad de Santo Tomé hasta la GIR a un grupo de diez mujeres trasladadas en un camión (del Servicio Penitenciario de la provincia), una noche de marzo de 1977. Ofreció precisiones sobre el recorrido realizado e indicó que todas las víctimas estaban con los ojos vendados y esposadas o con las manos atadas", recuerda el requerimiento de instrucción del Ministerio Público Fiscal. "La casita" era un chupadero que nunca fue encontrado en 35 años de investigaciones judiciales y de búsqueda de las víctimas.

Las indagatorias se realizaron hace dos semanas. El 14 de febrero, el juez Vera Barros indagó a Diab y a Perizzotti; al día siguiente, a Colombini y a Aebi; el 16 de febrero, a Brusa y Ramos y el 17 de febrero, a Ferreyra. Pero todos se negaron a declarar. Al comisario Ferreyra, además reprocharle cuatro casos de "privación ilegítima de la libertad2 y "tormentos agravados" en perjuicio de otros tantos detenidos políticos (Daniel Gatti, Anatilde Bugna, Ana María Cámara y Vilma Raquel Juárez), el juez le imputó "asociación ilícita".

*El teniente coronel Diab fue imputado como coautor de la "privación ilegal de la libertad" y "tormentos" sufridos por once víctimas: las diez mujeres que trasladó desde La casita (Hilda Benavides, Mabel Caminos, Graciela Aguirre, Teresita Miño, Silvia Abdolatif, Patricia Traba, Ana María Cámara, Anatilde Bugna, Stella Vallejos y Vilma Raquel Juárez), más Daniel Gatti, secuestrado el mismo día que sus compañeras, el 23 de marzo de 1977, y que también pasó por el mismo centro clandestino.

*El comisario Perizzotti debió responder sobre los mismos cargos: "privación ilegal de la libertad" y "tormentos", pero en siete casos: seis de las diez militantes de la JUP que trasladó desde Santo Tomé (Benavides, Caminos, Aguirre, Miño, Abdolatif y Juárez), más Gatti.

*Brusa está imputado por "apremios ilegales" en dos casos. Era secretario del Juzgado Federal de Santa Fe cuando "en tal carácter -dice el dictamen fiscal , interrogó a Vilma Raquel Juárez haciéndose pasar por juez, junto con dos personas vestidas de militares, mostrándole fotos de personas para que reconozca y realizándole falsas imputaciones, bajo amenazas de que estaba en juego su vida. En el caso de Daniel Osvaldo Gatti, Brusa se presentó en la cárcel de Coronda como secretario del Juzgado Federal con una declaración ya escrita para que firme el mencionado, bajo amenazas de volver a la comisaría Cuarta donde había sido torturado y aplicando golpes sobre la mesa".

*Eduardo Ramos, María Eva Aebi están acusados por "privación ilegal de la libertad" y "tormentos" en siete casos y Héctor Romero Colombini por los mismos delitos en ocho casos.