Desde Santa Fe

El ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón, está cada vez más cerca de ser indagado -y eventualmente detenido- por la represión ilegal en Santa Fe durante la dictadura. El juez federal Reynaldo Rodríguez rechazó un pedido de prescripción de la acción penal planteado por la defensa del militar por considerar que las imputaciones que pesan en su contra son delitos de lesa humanidad y por lo tanto, imprescriptibles. Rolón esgrimió un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo exculpó hace 17 años -en 1988- bajo el paraguas de las leyes de obediencia debida y punto final, pero el magistrado interpretó que esas normas son inconstitucionales y en consecuencia debería rendir cuentas por los desaparecidos en el centro norte de la provincia.

Rolón está imputado por la represión ilegal en Santa Fe, pero hasta ahora logró zafar del banquillo, a pesar de que el juez Rodríguez llegó a ponerle fecha a la indagatoria y después la suspendió. En la causa ya están procesados ocho represores, entre ellos dos ex jefes del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini y suboficial principal Nicolás Correa -ambos con prisión domiciliaria- y el ex juez federal Víctor Brusa. Los otros son los ex policías Juan Calixto Perizzotti, Eduardo Ramos, Héctor Romeo Colombini, María Eva Aevi y Mario Facino, este último ex presidente comunal de San José del Rincón. Sólo tres están detenidos en dependencias policiales: Brusa y Ramos, en el Cuerpo de Bomberos Zapadores, en el microcentro santafesino y Aebi en la Estación de Tránsito. Los demás cumplen prisión domiciliaria.

El coronel Rolón fue jefe de Inteligencia del II Cuerpo hasta fines de 1976 -cuando el comandante era el general Ramón Genaro Díaz Bessone-, pero después asumió como jefe del Area 212 en Santa Fe, ya con Leopoldo Galtieri al frente del Ejército, en Rosario. Al pasar a retiro, se desempeñó algunos meses como ministro de Bienestar Social de la provincia. Rodríguez rechazó el pedido de prescripción de la causa presentado por Rolón con los mismos argumentos que utilizó en su fallo que declaró nulas las leyes de obediencia de vida y punto final: los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.

El juez llegó a la conclusión de que Rolón puede ser juzgado a pesar de que hace 17 años -el 27 de mayo de 1988- la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo exculpó al amparo de las leyes de impunidad. Para Rodríguez, ambas normas son inconstitucionales.

El penalista Néstor Oroño que asiste a Rolón apelará el fallo del juez Rodríguez ante la Cámara Federal de Rosario y si ésta lo convalida, el militar no tendría otra salida que afrontar la indagatoria, a pesar de su precario estado de salud, otro de los argumentos que esgrime la defensa.

En febrero del año pasado, Rodríguez procesó a siete detenidos: Correa, Brusa, Perizzotti, Ramos, Colombini, Facino y Aevi, por los supuestos delitos de tormentos, privación ilegítima de la libertad, coacción, vejaciones, apremios ilegales y asociación ilícita, todos en concurso real y ordenó un embargo de 800 mil pesos para cada uno de ellos.

Poco después, el juez indagó y procesó al coronel Marcellini, como presunto autor inmediato de la represión ilegal. Uno de los querellantes en la causa, el abogado Jorge Pedraza, recordó que Marcellini es un experto en Inteligencia militar que -incluso- fue entrenado en la Escuelas de las Américas, que operaba en Panamá, donde egresó el 27 de abril de 1973, según consta en su legajo del Ejército incorporado ahora a la causa.

Marcellini estuvo al frente del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe durante los años claves de la represión ilegal. Era el jefe de los grupos de tareas que operaban en el centro norte cuando desapareció Enrique Cortassa, el padre biológico de María Carolina Guallane y fue asesinada su madre, Blanca Zapata, en febrero de 1977, en una casa de Calle Castelli al 4500.

Pedraza dijo que "Carolina estuvo en manos del Ejército después de la masacre, pero cuando su salud se volvió precaria la llevaron a la Casa Cuna y luego al Juzgado de Menores. El Ejército utilizó a la niña, no para apropiársela, sino para utilizarla en el proceso de tortura de su padre, Enrique Cortassa, hoy desaparecido".

A fines del año pasado, la Cámara Federal de Rosario confirmó los procesamientos de Marcellini, Correa, Brusa, Perizzotti, Ramos, Colombini, Facino y Aevi por delitos de lesa humanidad, pero desestimó el cargo de "asociación ilícita".