Desde Santa Fe

La Corte Suprema de Justicia la provincia desestimó ayer un recurso extraordinario del gobierno de Hermes Binner para frenar un juicio civil por daños y perjuicios que inició uno de los 130 mil damnificados por la catástrofe del río Salado, en 2003. La provincia argumentó que había que esperar que se resuelva el proceso penal que ya lleva siete años sin sentencia, antes de resolver la demanda civil. Sin embargo, la Corte consideró que el plazo de espera ya "no es razonable" y ordenó --por el voto unánime de los seis jueces- que la causa inundaciones avance en el fuero civil, aún cuando no haya condena en el penal. Se trata de un caso líder. Es un reclamo resarcitorio por 50 mil pesos, más los intereses, pero no el único: hay otros seis mil juicios más. Por lo tanto, se puede deducir el significado económico del fallo de la Corte: si la provincia es condenada a resarcir los daños materiales y morales a los seis mil demandantes, a un promedio de 50 mil pesos cada uno, debería afrontar indemnizaciones por 300 a 400 millones de pesos en los próximos años.

La sentencia se conoció por la vía oficial. "La Corte Suprema decidió que la causa inundaciones siga adelante", informó la oficina de prensa del tribunal. La resolución fue votada por unanimidad por los seis ministros del tribunal: Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Mario Netri, María Angélica Gastaldi y Daniel Erbetta. Y rechaza "un recurso de queja presentado por la provincia que pretendía paralizar el trámite de un expediente civil, a las resultas de la causa penal, pendiente de juzgamiento", explicó.

Esto significa cerrar "la controversia suscitada por el trámite que deben seguir las causas donde se pretende un resarcimiento económico por los daños causados por la inundación de 2003" y permitir que avancen en el fuero civil. La Corte "entendió razonable que las causas donde la pretensión resarcitoria está fundada en la responsabilidad de la provincia con fundamento en el artículo 1.112 del Código Civil, prosigan sin necesidad de esperar que se resuelvan previamente, las cuestiones penales planteadas como consecuencia" de la catástrofe. "Para ello, el tribunal tuvo en cuenta el tiempo transcurrido desde el hecho al que se le atribuye ser la causa de los daños que se reclaman".

La resolución de la Corte "implica activar las causas civiles sin prescindir de lo que pudiera resolver la justicia penal, con la posibilidad de que la provincia pueda eventualmente y en su caso, ejercer la acción de repetición contra los funcionarios responsables", precisó la Corte. Por la catástrofe de 2003, están procesados "por estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas", tres ex funcionarios de Carlos Reutemann: el ex ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, el ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti y el ex intendente de Santa Fe, Marcelo Alvarez.

"Es un sentencia muy importante porque reafirma lo que habíamos planteado en primera y segunda instancia", dijo el abogado que tramita el caso, Oscar Radquievich, en un diálogo con Rosario/12. Radquievich representa a una de las víctimas de la inundación de 2003 en un juicio de indemnización de daños y perjuicios en sede civil. "El Código Civil establece que cuando hay dos juicios paralelos, hay esperar el resultado del juicio penal antes de resolver el juicio civil, es lo que se conoce como prejudicialidad", explicó.

Sin embargo, Radquievich logró el año pasado un fallo favorable para su cliente en la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe (Sala I) que consideró --en sintonía con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que el plazo del juicio civil debe ser "razonable", de tres o cuatro años, porque cuando los tiempos se estiran como en este caso (que el proceso penal ya lleva siete años) "deja de ser razonable para convertirse en denegación de justicia. Por lo tanto, el juicio civil debe seguir su curso, prescindiendo del juicio penal".

El fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, apeló ante la Corte que ahora ratificó la resolución de la Cámara Civil, señaló Radquievich. "Lo interesante es que el fallo fue unánime y todos los ministros votaron en el mismo sentido. Esto consolida que en corto plazo se puede tener una sentencia civil", interpretó.

La situación es mucho más compleja, porque hay otros seis mil juicios en marcha por la inundación de 2003. Un número pequeño si se lo compara con los 130 mil damnificados que sufrieron la catástrofe en un tercio de la ciudad de Santa Fe. "Acá hay otro problema. Para tramitar estos seis mil juicios, los tribunales podrían demorar hasta 20 años. Aquí la solución tiene que ser política, si es necesario dictar dos o tres sentencias de lo que podríamos llamar un caso líder y después buscar un camino político. Porque de lo contrario, vamos a arrastrar este problema por diez o veinte años más y eso no es correcto ni justo", concluyó.