El sistema de videovigilancia que funciona en una docena de espacios públicos de Rosario cobró su primer traspié con la acusación que un empleado municipal formuló contra el gobierno local de utilizar esas imágenes para sancionarlo por una falta a sus funciones. El Ejecutivo municipal, por su parte, desmintió la veracidad de esa imputación. Al margen de ese conflicto puntual, lo que quedó en evidencia es una cuestión de fondo: la ausencia de un marco legal que sustente y legitime el registro de imágenes en la vía pública y el uso que se le dé a esos datos.

Argentina carece de una ley nacional que regule el uso de videocámaras de seguridad. La norma más cercana que atañe a cuestiones donde queda en juego el derecho a la intimidad es la ley nacional 25.326 de protección de datos personales, pero no alcanza a englobar todas las particularidades de la herramienta tecnológica que ya varias ciudades adoptaron a caballo del reclamo social de seguridad pública. El problema es que la provincia de Santa Fe nunca adhirió a esa ley nacional, según advirtió el especialista en derecho constitucional Oscar Puccinelli, quien además integra la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario.

Lo que Santa Fe sí posee es una ley de videovigilancia, sancionada a fines del año pasado, y publicada en el Boletín Oficial el 28 de diciembre. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no la reglamentó aún y eso genera un vacío legal que queda al descubierto en situaciones como la denunciada por el concejal Alberto Cortés sobre la presunta persecución política por parte del gobierno municipal contra Emilio Crisi, empleado de la Secretaría de Economía Solidaria municipal. Según el edil, la Dirección General de Investigaciones Administrativas investiga al agente municipal por su supuesta participación en el piquete que organizaciones sociales realizaron el 14 de junio en 27 de Febrero y Bulevar Oroño, frente al Ministerio de Desarrollo Social. Y añadió que incorporó como prueba de esa acusación las imágenes de una videocámara municipal instalada enfrente de esa sede provincial. Para Cortés, ese ojo electrónico está allí no tanto para prevenir delitos sino para identificar a quienes realicen protestas.

"Nadie puede hacer videovigilancia si no se ajusta a la ley, y si quien opera el sistema no está autorizado por el debido órgano de control. El problema aquí es que al no estar la ley reglamentada, todavía no hay órgano de control", planteó Puccinelli. "No tenemos cultura a nivel país de preservar la intimidad. Históricamente, los poderes ejecutivos no han querido ser controlados, y por lo tanto, al no reglamentarse la ley, no se controla. Sucede lo mismo en Tigre, en Santa Fe, en Rafaela, en todos lados", concluyó.

Ayer, el diputado provincial Marcelo Gastaldi cuestionó la proliferación del Gran Hermano en la provincia ﷓las municipalidades de Santa Fe y Rosario ya aplican este método﷓ sin atenerse a un marco jurídico adecuado. "Se está avanzando en experiencias públicas y privadas en todo el territorio provincial sin el debido ajuste a la legislación dictada", apretó el legislador justicialista.

Gastaldi advirtió que sin reglamentación de la ley provincial 13.164 "no hay autoridad de aplicación, y por ende no hay control sobre el cumplimiento de los parámetros legales en los lugares donde el sistema se instaló". La ley, añadió, "obliga a crear un registro de sistemas de captación en el que deben inscribirse los sistemas de videovigilancia a fin de constatar que sus registros son lícitos".

El diputado señaló la ausencia de una instancia de control externo sobre quienes operen un sistema de cámaras y que tampoco haya sanciones previstas para quienes usen de manera indebida las grabaciones.

"Se está violando el principio del consentimiento informado, que implica la necesidad de que exista cartelería indicativa en un área sometida a videovigilancia", agregó.