El reclamo del ex juez Carlos Fraticelli al Estado santafesino para que lo restituyan en su cargo -luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anulara la sentencia que lo había condenado por la muerte de su hija Natalia el 20 de mayo del 2000- sumó un nuevo capítulo. Ayer, el abogado de Fraticelli, Carlos Edwards, confirmó que su defendido aceptó el ofrecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que propuso arribar a una "solución amistosa" en relación al conflicto que el ex juez de Rufino mantiene con el Estado argentino porque considera que su destitución fue ilegal. "Esto abre una instancia de diálogo", dijo Edwards, para luego agregar que una de las pretensiones que plantearán en este procedimiento, al que calificó de "inédito y novedoso en Santa Fe", es la restitución de Fraticelli a su cargo de juez penal en Rufino. Por otra parte, el ex juez le reclama a la Provincia un resarcimiento económico por una suma cercana a los 11 millones de pesos. "Hay que tener en cuenta que estamos hablando que durante 11 años no percibió ningún tipo de salario", dijo su abogado.

Fraticelli había presentado un recurso ante la Cidh por entender que su destitución como magistrado, decidida por un jury de Enjuiciamiento, fue ilegal. En una presentación realizada ante la Cancillería argentina, el ex magistrado santafesino pidió ser restituido en su cargo de juez penal, que hoy está cubierto con una subrogancia.

La instancia de solución amistosa, aceptada por Fraticelli, está prevista en uno de los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que sostiene que ante la recepción de un pedido en el que se "alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención" se procederá de diferentes maneras; una de ellas es la de llegar "a una solución amistosa del asunto".

Edwards explicó en declaraciones radiales que el Estado argentino formuló una propuesta al organismo internacional "a fin de acercar a las partes para que puedan llegar a algún tipo de solución amistosa, de arreglo, sin seguir el trámite de la instancia internacional, y eventualmente una condena del Estado argentino como violador de derechos humanos, en este caso de Fraticelli".

El abogado Edwards subrayó que una de las pretensiones que plantearán en este procedimiento de solución amistosa es la restitución de Fraticelli al cargo, "amén de las pretensiones de carácter pecuniario, como obviamente todos los salarios caídos, que sería el lucro cesante; el daño moral y material producido como consecuencia de la privación de libertad durante todos estos años".

Edwards indicó que esto forma parte de la negociación, "pero hay que tener en cuenta que estamos hablando que durante 11 años no percibió ningún tipo de salario". De todos modos, el abogado estimó que el reclamo "puede orillar el millón de dólares, ya que un magistrado en actividad percibe unos 30 mil pesos mensuales; multiplicado por 13 sueldos anuales por 11 años, más o menos arrojaría esa suma".

En este sentido, el portal Tiempo de Justicia precisó que Fraticelli solicita el pago de 186 mil dólares por la pérdida de chance de haber ascendido a camarista, y además pide que se realicen los aportes jubilatorios. Debido a los daños sufridos por la privación de la libertad, el ex juez de Rufino demanda un resarcimiento de 500 mil dólares. En total, el reclamo es por dos millones y medio de dólares.

Fraticelli estuvo detenido desde el 24 de noviembre de 2000 hasta el 3 de octubre de 2006 en la cárcel de Melincué, imputado junto a su por entonces esposa, Graciela Dieser, por la muerte de su hija Natalia. Una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la nulidad de la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto, que había ratificado la condena a prisión perpetua.

A partir de su absolución, Fraticelli presentó a fines de 2099 un pedido de juicio político contra el procurador de la Corte, Agustín Bassó, y también planteó un jury de enjuiciamiento contra los jueces Fernando Vidal y Gustavo García Méndez, que intervinieron en el proceso que lo había condenado por la muerte de su hija Natalia.