El furioso estallido del barrio América, en Roldán, a partir del abuso sexual que un adolescente cometió sobre un niño vecino fue una de las noticias de la semana. Lo infrecuente fue la violenta reacción de la gente indignada, puesto que quienes trabajan sobre asuntos de minoridad aseguran que casos de vejaciones entre chicos ocurren a menudo. Un detonante de la ira colectiva fue haber visto que el joven agresor no terminó encarcelado sino que en pocas horas estaba de nuevo en su casa y con su familia. Operó una sensación de desengaño, de impunidad, fundada quizás en la incomprensión o la desinformación acerca del criterio del Código Penal y las razones que lo fundamentan. Un chico de 15 años, en Argentina, no es imputable. Hay quienes entienden que el Estado ﷓el Poder Judicial, específicamente﷓ debería bajar de su torre de marfil y darse una tarea de educación social acerca de los porqué de la ley penal vigente. Aunque la furibunda pueblada de Roldán hubiera ocurrido de todos modos. O no.

La directora provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Mónica Varetto, consideró necesario "armar dispositivos de sensibilización e información desde el Poder Judicial y también desde los gobiernos locales. Generar un marco de capacitación que nutra de conciencia, de contenidos a las instituciones más próximas a la gente, aunque producir políticas públicas no sea el fin específico de las incumbencias de la Justicia. Sería útil que los jueces ayuden a formar la opinión pública, a explicar los alcances de la punibilidad y los porqués".

Consultada por Rosario/12, la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social tomó distancia de la necesidad de venganza infinita que pareció acicatear la horda de hombres y mujeres, adultos y jóvenes, que quemaron la casa y el auto de la familia del adolescente que abusó de su vecinito. Y aceptó que si los más furiosos hubieran alcanzado al chico o a sus padres antes que la Policía, posiblemente los hubieran linchado. "Entiendo el dolor de la gente ante un hecho tan grave, pero querer incendiar una casa con gente adentro supera los límites de la razonabilidad. Creo que hay un gran desconocimiento sobre la no punibilidad de los adolescentes y desde ese lugar el malestar del vecindario hizo eclosión. Por eso, como Estado, nos debemos un trabajo social con la gente, no sólo con las familias involucradas sino también con el entorno, con toda la comunidad, porque evidentemente hace falta. La gente quiere que lo encierren y eso aquí es ilegal. Además, está demostrado que el encierro trae más vulneración de derechos. No sirve", opinó. En la semana hubo contactos de la Dirección de Niñez y Adolescencia con el intendente roldanense José Pedretti y la jueza de Menores María del Carmen Musa con ese objetivo anticipado por Varetto.

El equipo interdisciplinario de Desarrollo Social asistió al niño de 8 años que fue víctima de la agresión sexual, y a su familia, por un lado; y al adolescente abusador y a su familia por otro. Este grupo fue y sigue siendo acompañado en su forzosa mudanza a otra localidad por agentes de la cartera social. En Roldán sus vidas corrían peligro, y su reinserción se habría tornado muy difícil.

La edad de imputabilidad no es una convención universal. Varía en el tiempo y en cada lugar. En el Imperio Romano la responsabilidad penal comenzaba a los 10 años. Hoy en Costa Rica, un niño de 12 años ya es imputable, y en Chile un chico de 14 años puede terminar en la cárcel común si comete un delito grave. El año pasado el Senado nacional aprobó un proyecto para bajar ese límite, pero en Diputados no prosperó. El límite sigue de imputabilidad sigue siendo 16. Desde esa edad y hasta los 18 los jóvenes están sujetos a un régimen especial, llamado justicia penal juvenil. De los 18 en adelante comienza la responsabilidad penal ordinaria. Por eso, el discurso más duro en este tema ﷓resumido hace unos años en Juan Carlos Blumberg y en el fiscal platense Marcelo Romero﷓ supone que "tener menos de 16 años en este país es tener licencia para matar".

"Por debajo de los 16 años, el sistema penal no tiene ninguna posibilidad de acceder a estos menores. Pero no significa que el Estado se desentienda, ni que entren por una puerta y salgan por la otra, como se suele decir. El Estado interviene no con el sistema penal sino con otros organismos, como sus equipos de Desarrollo Social", expuso el ministro de Justicia, Héctor Superti, consultado al respecto.

Superti marcó que "siempre la opción del encierro es la última que el Estado adopta cuando se trata de jóvenes. No es un capricho: tiene que ver con la Convención Internacional de los Derechos del Niño a los que Argentina adhiere, con la historia que llevó a ese joven, en ese nivel de madurez, a que cometa un delito. Pero además ﷓agregó﷓ está probado que el encierro aplicado indebidamente es contraproducente, por lo que hay en juego una cuestión de seguridad pública también, a futuro. A la gente le puede parecer paradójico, pero es mejor no encerrarlos".

Durante la semana, la jueza de Menores María del Carmen Musa debió salir a explicar que no había sido ella quien reintegró al adolescente abusador a su familia, sino la Dirección de Niñez. Con un tono parecido al fastidio la magistrada tuvo que hacer docencia sobre quiénes son punibles y quiénes no. "Lo que la gente quiere, sangre o no se qué, no lo tendrá de un juez de Menores. Hay que empezar a bajar los decibles. Casos de abusos, lamentablemente, tenemos todos los meses. Se hizo un escándalo tan grande que es hora de empezar a pensar en el chiquito que ha sido víctima y su familia, para dejar de estigmatizarlo. Frente a hechos tan dramáticos pareciera que no queremos sólo bajar la edad de punibilidad; queremos que el agresor esté preso de por vida, queremos lincharlo y colgar su cuerpo de un mástil. Hay un enardecimiento general que hay que encauzarlo en el Congreso nacional, que es en definitiva donde se deben cambiar las leyes. Mientras tanto, la ley vigente hay que cumplirla", enfatizó en declaraciones a LT8.

Superti considera válido el debate que propone bajar la edad de los 16 a los 14, pero "sin considerar a esos jóvenes como adultos, sino que el sistema penal diseñe intervenciones adecuadas".

El sistema actual de justicia penal juvenil en Santa Fe dispone de cinco programas: tres operan sobre la base del joven imputado en libertad controlada, con trabajos comunitarios o capacitación en oficios. Un cuarto programa contempla la reclusión pero a puertas abiertas, y por último, el régimen más polémico: los establecimientos cerrados como el Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (Irar).

Para retomar la propuesta de Varetto, sobre la apertura del Poder Judicial con un discurso más didáctico hacia la comunidad, este diario se lo consultó al ministro de Justicia. "No puedo hacer cargo al Poder Judicial de la formación cívica de la sociedad ﷓contestó Superti﷓. Al ciudadano no le importa si un delito grave lo cometió un menor o un mayor, pero hay que tener gran formación cívica y templanza para reaccionar de forma adecuada".

﷓Es evidente que no existen esos valores en la mayoría de la sociedad.

﷓No se puede exigir a la gente que los tenga. Son las instituciones y el Estado los que tienen que estar presentes para cortar esas espirales de violencia. Lo que pasa es que ante una situación de mucho dolor es difícil explicar. Hay que hacerlo cuando las aguas están calmas y no hay dolor de por medio.