La decisión del Tribunal Oral Federal de Santa Fe de otorgarles salidas transitorias a tres de los condenados por delitos de lesa humanidad en la causa Brusa causó enérgica indignación en víctimas y querellantes, y también mereció el cuestionamiento del Ejecutivo provincial.

La abogada Lucila Puyol expresó su decepción por la decisión de los conjueces Carlos Renna, Andrea Alberto de Creus y Roberto López Arango, y la atribuyó a "presiones políticas". Patricia Isasa, secuestrada y torturada por la dictadura en la capital santafesina, consideró "un espanto darle semejante privilegio a asesinos seriales". Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se alertó sobre "el impacto de esta en víctimas y testigos", y se reclamó celeridad en las investigaciones pendientes y en la confirmación de sentencias por parte de la Cámara de Casación para evitar que represores accedan a estos beneficios.

Los conjueces habilitaron a partir del 29 de diciembre pasado el régimen de salidas transitorias quincenales para el ex juez Víctor Brusa, el ex policía Eduardo Curro Ramos, y la ex guardiacárcel María Rosa Aebi, quienes habían sido condenados en 2009 a penas de entre 19 y 22 años de prisión. Había sido la primera sentencia en Santa Fe por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos. Pero una singular interpretación de los miembros del tribunal hizo que los tres reos pasaran Fin de Año en sus hogares.

Puyol recordó que "este tribunal había dado una sentencia ejemplar, y hoy termina en esta decisión escandalosa". Atribuyó la situación a "presiones políticas" que influyeron sobre los conjueces y le apuntó a la ya cuestionada Cámara de Casación Penal como responsable por demorarse en dictar sentencia firme en una causa que se había resuelto hace dos años.

Patricia Isasa, querellante en la misma causa calificó de "espanto" la resolución del tribunal: "No se puede dar semejante privilegio a verdaderos genocidas. Encima, hay en la causa algunos que están detenidos dentro de una cárcel y otros no", afirmó.

El Ministerio de Justicia de Santa Fe emitió ayer un comunicado en el cual advierte "un estado creciente de inquietud entre testigos, víctimas y familiares, que con esta nueva situación pueden ver afectada su seguridad e integridad física y psíquica". Y exhortó a que se resuelva el pedido de prisión preventiva que la fiscalía planteó en otra causa en la que están imputados Brusa, Ramos y Aebi. "De esa manera, no sería posible que continuara el beneficio de las salidas transitorias", indicaron.