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Un colectivo formado por testigos, ex presos políticos, referentes sociales y ciudadanos de Reconquista exigieron ayer "celeridad" al Tribunal Oral de Santa Fe en la tramitación del juicio conocido como la Causa Gil, en alusión al miembro de La Hermandad, entendiendo que "el norte provincial aún no ha recibido la administración de Justicia con sentencia, frente a delitos cometidos por represores de la última dictadura militar".

El juicio al ex policía rural y ex PCI, José Luis Gil, dispuesto por el Tribunal Oral de Santa Fe, estaba previsto para el 22 de marzo próximo.

Pero fue suspendido por los problemas de salud que padece el represor que obligaron a internarlo en una clínica especializada en cardiología, en la ciudad de Santa Fe. Gil integraba la Guardia Rural Los Pumas de la policía santafesina durante la represión y apareció en la lista del Personal Civil de Inteligencia, lo que significa que también operaba como agente encubierto del Ejército.

En diciembre de 2009, Gil fue procesado por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde por los delitos de "amenazas" y "coacciones agravadas" al fiscal Juan Ignacio Candioti, entre otros, enviadas mediante cadenas de e﷓mails, que firmaba en nombre de "La Hermandad". Y se convirtió en el primer detenido en el país por amenazas en causas de lesa humanidad.

Los firmantes del documento creen que "el debate de la causa Gil brindará luz frente a toda una actividad signada por el objetivo de amenazar, de amedrentar a la ciudadanía y evitar el avance de la Justicia buscando esclarecer sobre lo hecho por la dictadura militar en la región".

Solicitaron a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia "no cejar en el monitoreo de las causas por delitos de Lesa Humanidad cometidos en el norte provincial".