Vanina y Melina se casaron en marzo de 2011, pocos meses después de la sanción de la ley de Matrimonio Igualitario en el país, en julio de 2010. Aunque en principio todo era color de rosa, un año después, una de ellas decidió iniciar el divorcio ante la Justicia santafesina. El de las jóvenes lesbianas, residentes en la localidad de Coronda, es un divorcio contencioso, ya que una de las mujeres realizó la presentación acusando de "malos tratos" de su pareja, diez años menor que ella. Se trata del primer caso en la provincia, y el segundo a nivel nacional, ya que el primero se presentó hace un par de meses en La Rioja, con una pareja de chicas cordobesas. A casi dos años de la sanción de la ley que fue una conquista de la comunidad LGBT (de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales), Esteban Paulón, presidente de la Federación LGBT, aseguró que "es lógico que haya divorcios. Es parte de la vida. La inclusión y la integración también tiene que ver con esto".

El caso que llegó a los Tribunales santafesinos fue confirmado a Rosario/12 por la jueza que integra el Tribunal Colegiado de Familia Nº 5 de Santa Fe, Mariana Herz. La magistrada indicó que la presentación ingresó al juzgado el 11 de abril pasado, por parte de una de las contrayentes. Si bien prefirió no referirse al caso particular, Herz indicó que la presentación "legal contenciosa" fue con "causal subjetiva". Este diario pudo saber que la mujer de 36 años acusó a su cónyuge, de 26, por "maltrato", aunque no se conocieron detalles sobre el tipo de violencia ejercida en la pareja.

Para la jueza, que todavía no abordó el caso, ya que la primera medida fue darle traslado de la demanda a la otra parte y hasta ayer no hubo respuesta, "las reglas son las mismas que para el matrimonio entre heterosexuales: las normas, los principios, los efectos y las reglas que se aplican". Al mismo tiempo, recordó que el tiempo que lleva el matrimonio no está dentro de los marcos legales que contempla el Código Civil desde 1987, cuando estableció el derecho al divorcio, después de un mínimo de tres años de matrimonio. Sin embargo, la Justicia provincial ya cuenta con antecedentes de casos en los que se sorteó esa normativa. Años atrás, el juez de Familia Ricardo Dutto declaró inconstitucional el artículo 215 del Código Civil, que pone ese plazo como inicial para llevar adelante una disolución del vínculo. En este caso, la presentación no pide la inconstitucionalidad del artículo.

Por su parte, Paulón sostuvo que este caso "tiene que ver con la ley y con los derechos y obligaciones que trae aparejada". Es decir, "como cualquier pareja que se separa, por cualquier motivo: estando el derecho al matrimonio, también está el derecho al divorcio", dijo.

Al mismo tiempo destacó otra ventaja que --según entiende como una ampliación de derechos-- trajo la ley a las parejas del mismo sexo: "Fue buena la existencia de la normativa también para casos de divorcio, porque se les garantizan los mismos derechos a los dos contrayentes. Pueden tener la protección y mecanismos correspondientes del estado y la Justicia, para que el divorcio se realice en los términos que corresponden".

Por otro lado, Paulón se refirió a los casos de violencia de género en parejas de lesbianas o gays. "La violencia es transversal. Está en toda la sociedad y no se expresa solamente entre varones y mujeres, sino que lo hace entre personas que están paradas de manera desigual frente a diferentes cuestiones como puede ser el espacio público, lo laboral, lo económico; y no diferencia ningún sector ni orientación sexual", señaló. Al mismo tiempo, hizo hincapié en que "claramente ésta es una sociedad con el régimen machista y patriarcal muy marcado, y el caso que tiene más visibilidad es el de un varón ejerciendo violencia contra una mujer; pero está claro que hay casos en todas las parejas y en todas las relaciones", lamentó.