En junio de 2011 la comisario inspector Mónica Viviani fue cuestionada por el fiscal federal de Reconquista Roberto Salum por su desempeño en un allanamiento a un cabaret de San Javier donde se prostituían mujeres. Se trata de la policía recientemente designada al frente de la División de lucha contra la trata de personas, a quien el fiscal le pidió que explicara "una actuación policial pobrísima, insuficiente o deliberadamente errónea, en la que los efectivos de la División Especial entregaron las llaves del prostíbulo a las mujeres que se encontraban prestando servicios en el cabaret, aduciendo como razones el hecho que estas personas residían en el lugar".

Según argumentó el fiscal Salum "por desconocimiento o por negligencia las agentes de la Unidad Especial se saltearon varios lineamientos del protocolo de intervención". Por eso "esta Fiscalía entiende que la División específica de la Policía provincial debió efectuar un acompañamiento a las víctimas, organizar una salida hacia un lugar seguro, establecer la obtención de datos para la investigación y todos los demás recaudos para la preservación del testimonio de las mismas, lo que evidentemente no se ha hecho y podrá luego repercutir en la prueba de la comprobación del ilícito", cuestionó el Fiscal en el escrito presentado ante el juez Aldo Alurralde.

En base a esta documentación la diputada Alejandra Vucasovich, presidenta del Bloque Federal, presentó ayer un pedido de informes donde pregunta al Poder Ejecutivo "si está en conocimiento de la causa judicial que se tramita en Reconquista, donde se investiga el allanamiento realizado en junio de 2011 en un prostíbulo de San Javier", tras el cual el fiscal Salum le solicita al juez Alurralde que "investigue el proceder de la Comisario Inspector Mónica Beatriz Viviani, recientemente designada titular de nueva División Unidad Especial de Apoyo y Coordinación para la Prevención y Lucha contra la Trata de Personas dependiente del Ministerio de Seguridad, y de otras dos empleadas de la Policía de Santa Fe en el mismo operativo".

La legisladora quiere saber "si a partir del cuestionamiento judicial a Viviani y a otras dos empleadas de la Policía, la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad y la Dirección Provincial del Ministerio de Seguridad dispusieron la apertura de sumario administrativo".

"Sin apresurar ningún juicio acerca de la actuación de la Comisario Viviani y sus colaboradoras, nos parece cuanto menos importante que el Ministerio de Seguridad aclare en forma terminante la labor de una persona que ha sido ungida con un lugar de extrema importancia en el combate contra un delito atroz como lo es la trata de personas", concluye la legisladora.