El retiro por parte del Poder Ejecutivo de un par de pliegos de aspirantes a ocupar vacantes en el Poder Judicial, puede presentarse a simple vista como una derrota para el gobierno. Sin embargo, podría representar a la vez una oportunidad para ratificar definitivamente una mecánica de selección de jueces y fiscales que deje en el pasado el dedo, el "toma y daca" y otras prácticas que degradaron a la justicia desde la instalación de la democracia, cuando las expectativas razonables eran el adecentamiento y jerarquización del Poder Judicial.

El hecho sin precedentes de tener minoría en ambas Cámaras -no previsto por los Constituyentes que le asignaban mayoría absoluta al Gobierno en Diputados- a partir del sistema de boleta única, obliga al Gobernador a entablar un estado de negociaciones permanentes. El límite que parece haber fijado Antonio Bonfatti es entorno al sistema de selección y no los nombres de los ocupantes de los cargos a cubrir. El peronismo, más acostumbrado a imponer que a conceder, preferiría el "pan y queso" de los picados del barrio en los que elegían uno cada uno. Así lo hizo durante décadas, pero entre líneas internas y estudios jurídicos y así se estructuró una "familia" judicial que adoptó como su himno "Resistiré" que se cantó a voz en cuello en el hall de los tribunales de Rosario en los albores de la reforma judicial anunciada por el gobierno de Hermes Binner.

El mecanismo de concurso de oposición y antecedentes es mundialmente reconocido. Y en ningún lugar en el que se hacen las cosas en serio, se deja de lado el orden de prelación que se establece por este mecanismo. En todo caso lo que hay que discutir -y eso es lo que se viene- es la metodología del concurso, si se prioriza la experiencia, o el nivel académico, o la exposición frente a los examinadores. Eso es lo que el gobierno debe negociar con la oposición y una vez puestos de acuerdo, no tolerar "aprietes" o descalificaciones personales sino ceñirse al resultado del concurso. De lo contrario, con la mayoría que tiene el PJ se corre el riesgo de que se "planchen" tantos aspirantes en el orden de mérito hasta llegar al que sea el "preferido". Es por eso que tras el rechazo del pliego de Enrique Font, el gobierno seguramente no mandará el de Esteban Franicevich -que quedó segundo sobre Raquel Cosgaya ya que se sumó mal en el acta- para cubrir la Auditoría de Fiscales. Sería ceder en el primer test, cuando hay en danza otros cargos ya concursados y que restan definir en juzgados y fiscalías.

La metodología de la terna que propone el Consejo de la Magistratura y aprueba la Asamblea Legislativa es un avance en relación a los modos que imperaron durante los sucesivos gobiernos peronistas. La creación de un cuerpo de consulta y evaluación integrado por juristas representantes de las universidades públicas y los colegios de abogados es otra instancia para optimizar la transparencia. Por eso mismo no llama la atención que los magistrados -a través de su colegio- hayan declinado integrar ese comite evaluador.

Es fundamental para la anunciada reforma del sistema judicial no claudicar bajo el temor de no fracasar. Sobre todo porque el rechazo de algunos pliegos pueden dejar en evidencia la nostalgia de algunos veteranos legisladores que serían felices designando en los juzgados a sus amigos antes que a los mejores. Un pliego que surgió de un concurso y es rechazado es un problema para el que lo rechaza y no para el que lo envía. Salvo que el concurso haya sido amañado o descalificado por su escaso rigor. Es por eso que lo que hoy puede ser una disputa por las formas es una cuestión bien de fondo. El perfil de los nuevos jueces debe surgir de los contenidos y puntuación de los concursos. Reglas de juego claras y que se cumplan. Lo demás es aplicarlas y eso no debería ser nunca un problema.

En cuanto al cargo de Procurador de la Corte, que se anticipó en esta columna será para Jorge Barragirre, el mecanismo de selección -lo mismo que para los Ministros de la Corte- es similar al utilizado a nivel nacional que pudo verse en funcionamiento no hace mucho cuando la designación de Eugenio Zaffaroni, con la publicación del curriculum, las impugnaciones y un trámite de alta exposición pública.

Barraguire ya pasó el tamiz legislativo cuando fue nominado Fiscal de Estado, y salvo alguna cuestión de última hora -desconocida por todos- el peronismo tendrá que "disfrazarse" para negarle la posibilidad de ser el nuevo Procurador de la Corte. En el gobierno dicen o tener apuro, pero sería una buena señal para dentro y fuera del Poder Judicial que se aprobara cuanto antes y se de vuelta una página de la historia del Poder Judicial caracterizada por hacer lo que conviene antes que lo que debe hacerse.