Desde Santa Fe

El ex secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, no compareció ayer ante la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para "ratificar o rectificar" sus denuncias contra los legisladores que rechazaron su pliego el 3 de mayo último, así que la Cámara decidió cerrar la cuestión de privilegio contra el ex funcionario y remitir las actuaciones al fiscal de turno para que inicie una causa penal. El único que asistió a la cita fue el editor del portal Redacción Rosario, Manolo Robles, acompañado por su abogado, quien atribuyó a Font haber dicho que su nombramiento como auditor de fiscales se frustró porque "en la Legislatura prima el toma y daca", pero no que cuatro legisladores (las diputadas Alejandra Vucasovich, Silvia De Césaris, Marcela Eberhard y el senador Joaquín Gramajo) votaron en contra porque "provienen de espacios sensibles a grupos narcopoliciales", que endilgó a otra fuente anónima. El promotor de la cuestión de privilegio no se consideró satisfecho por las explicaciones. "No le creo al periodista, estoy convencido que Font dijo que lo dijo. Y es gravísimo porque afecta a toda la Legislatura: a los 69 legisladores y al vicegobernador, Jorge Henn". Y reiteró que renunciará a sus fueros para "la justicia investigue todo lo que tiene que investigar".

Ayer, el Centro de Estudios Legales y Sociales expresó su "preocupación" por el rechazo del pliego de Font, quien "reunía los requisitos para el cargo". Pero el presidente provisional del Senado, Alberto Crosetti y el secretario parlamentario, Ricardo Paulichenco, ﷓presentes en la audiencia de ayer﷓, dijeron que no recibieron ninguna nota del CELS ni de Font. El Cels sostuvo que "las razones dadas para el rechazo del pliego dan cuenta que la Legislatura tuvo un criterio político institucional conservador y corporativo, lo que importa un claro retroceso" en la reforma penal en Santa Fe.

Crosetti y Paulichenco ratificaron que Font había sido convocado a la Cámara por medio fehaciente, pero no asistió ni justificó la ausencia. Y dijeron desconocer la nota del CELS. El único que concurrió fue Robles ûjunto a su abogado﷓, para una entrevista muy breve y a puertas cerradas, a pesar de que la cuestión de privilegio se ventila en audiencias públicas y con taquígrafos. Crosetti dijo que "se negó el acceso a la prensa por pedido expreso del titular del medio que publicó las declaraciones del doctor Font".

Robles se limitó a decir lo que el periódico ya había aclarado en una fe de erratas, el 11 de mayo, ocho días después de la entrevista a Font y a pocas horas de que se planteara la cuestión de privilegio en el Senado. Que Font dijo lo del "toma y daca", pero no que Gramajo y las tres diputadas eran socios de "grupos narcopoliciales", que atribuyó a una fuente anónima que no identificó. Por lo tanto, "el Senado decidió elevar todos los antecedentes a la justicia, al fiscal de turno, para que se haga la investigación correspondiente", explicó Crosetti.

El senador Gramajo no se dio por satisfecho con la aclaración de Robles. "Es más, no le creo al periodista, estoy convencido que esto lo dijo el doctor Font". Y ratificó la renuncia a sus fueros para "la justicia investigue todo lo que tenga que investigar. Quienes tenemos la conciencia tranquila sabemos que no tenemos nada que ver con este tema". "La justicia va a tener que determinar las dos imputaciones", insistió Gramajo. "Si la Legislatura se maneja con el ætoma y dacaÆ, como dijo el doctor Font, que afecta a los 69 legisladores: 50 diputados y 19 senadores y también al vicegobernador que preside el Senado y la Asamblea Legislativa. Entonces, vamos a ver quién le pasa la Banelco al doctor Henn", ironizó.