El destino de los represores detenidos en instalaciones militares o de gendarmería podría cambiar abruptamente en los próximos tiempos: El impulso lo termina de dar la Ministra de Defensa Nilda Garré quien decidió pedir a los jueces federales que envíen a cárceles comunes a quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Con esta misma convicción la agrupación HIJOS repetirá en Rosario un pedido similar al que hicieran dos de sus abogadas, cuando el Procurador General Estaban Righi (jefe de todos los fiscales) se pronunció en el mismo sentido. Con este telón de fondo el juez federal Germán Sutter Schneider deberá decidir el destino de Walter Salvador Pagano, alojado en la comisaría segunda, de Paraguay y San Juan, desde hace diez días, cuyas autoridades ya repitieron el pedido de traslado. Entre los más emblemáticos miembros de la "patota de Feced" que podrían cambiar lugar de detención figuran José Rubén Lo Fiego alias El Ciego, Mario "el Cura" Marcote, detenidos en el Destacamento 2 de Gendarmería de San Martín y Virasoro, y Juan Daniel Amelong, alojado en el Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán. La medida no implica que quienes cumplen arresto domiciliario por ser mayores de 70 años vayan a prisión.

La ministra Garré firmó la Resolución 444 en la que solicita a los jueces que reconsideren "las resoluciones conforme a las cuales se haya dispuesto que las personas que pertenecieron o pertenecen a las Fuerzas Armadas cumplan la detención en dependencias militares".

En rigor, la medida responde a uno de los principales reclamos de los organismos de derechos humanos: que los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad cumplan su detención en las mismas condiciones que cualquier otro.

La noticia no causó sorpresa en Rosario donde ya se habían concretado dos presentaciones similares en los últimos tiempos: una a cargo de la fiscalía que dirige Griselda Tessio y otra por parte de las abogadas de HIJOS Ana Oberlin y Nadia Schujman.

"Teniendo en cuenta que son las mismas fuerzas las que cometieron estos delitos, cómo van a hacer con los grados de corporativismo que tienen los mismos pares los que los cuiden. Obviamente se va a violar el sistema y se va hacer más flexible el régimen, algo que paso en varios casos. Por ejemplo se los dejaban salir de las unidades militares, y el caso de Amelong que festejó el cumpleaños de su hijo en el Batallón 121", apuntó Amelong.

Así una vez realizadas las presentaciones correspondiente el juez federal N 4 de Rosario Sutter Schneider deberá decidir. Para hacerlo podrá echar una mirada a sus pares de todo el país y tal vez asi percatarse que solo uno de ellos ha enviado a parar a la cárcel a un solo represor: se trata del juez Ariel Lijo, con quien casualmente comparte la tutela de un procesados Oscar Pascual Guerrieri, jefe de inteligencia del ejército y responsable del centro clandestino Quinta de Funes. En rigor Lijo decidió quizás empujado por la repercusión mediática de la violación de arresto domiciliario que Guerrieri concretó frente a las cámaras de un programa de televisión.

Esta fue la primera resolución judicial en este sentido, aunque la Fiscalía en Política Criminal, a cargo de Félix Crous, y que depende del Procurador General Esteban Righi, había señalado en un dictamen del año pasado la necesidad de que los represores pasen a unidades penales.

Cabe recordar que los detenidos en el marco de la causa Feced bajo la carátula "homicidio, violación y torturas" son Ricardo Chomicki, José Lo Fiego, Carlos Ramírez, José Carlos Scortechini, Ramón Vergara, Mario Marcote, mientras que el ex general Ramón Díaz Bessone cumple prisión domiciliaria.

En la causa Quinta de Funes se encuentran detenidos Juan Amelong, Jorge Fariña, Pascual Guerrieri y con prisión domiciliaria Eduardo "Tucu" Constanzo, Adolfo Luciano Jáuregui y Enrique Jordana Testoni.