La diputada Alicia Gutiérrez volvió a ingresar en la Legislatura provincial un proyecto de ley para retirar de las oficinas públicas las imágenes religiosas de cualquier credo. Pero como las paredes del Estado están hegemonizadas por crucifijos y estatuillas de vírgenes y santos, es la cúpula de la Iglesia Católica la que se irrita ante iniciativas que la contradicen, y hacen pesar su influencia. El proyecto estuvo dos años en Diputados sin que ninguna comisión habilitara su tratamiento, hasta que perdió estado parlamentario. Aquella vez, su autora recibió amenazas anónimas y pintadas intimidantes en la sede santafesina del partido SI. Su autora pretende que ahora el tema se discuta, por lo menos, en el ámbito institucional pertinente.

Nada sucede fuera de su época, pero si a Gutiérrez se le hubiera ocurrido esta idea en la Edad Media, su destino habría sido la hoguera, acusada por el pecado de apostasía.

"Queremos que Santa Fe sea un estado laico, separar el Estado de la Iglesia, no sólo de la católica, sino de todas las religiones. Mientras tanto, proponemos prohibir la exhibición de imágenes en reparticiones públicas que atentan contra los ciudadanos que no practican ninguna religión, o que practican otra distinta", señaló la legisladora provincial, en un intento por adecuar la realidad local a la garantía de estado laico que ya impone la Constitución nacional reformada en 1994. La Carta Magna santafesina, en cambio, postula en su artículo 3 que "la religión de la provincia es la Católica Apostólica Romana, a la que prestará su protección más decidida". Provincias como Neuquén, Río Negro y Santa Cruz ya se deshicieron de esa parcialidad religiosa.

El proyecto apunta a prohibir "en los espacios de acceso público de los tres poderes del Estado provincial, organismos descentralizados y empresas estatales la exhibición o colocación de imágenes religiosas". Y reclama que todos los ornamentos de esa índole que persisten hoy en numerosos juzgados, escuelas y oficinas de atención al público "deberán ser removidos en el plazo de tres meses".

La norma impulsada deja a salvo la iconografía existente en cementerios y hospitales, aunque también se trate de espacios públicos, pero a condición de que esos objetos "se encuentren en espacios reservados a tal fin y que se garantice en los mismos la multiplicidad de credos". También contempla que las escuelas privadas confesionales conserven su simbología, aunque sean subsidiadas por el Estado.

Hay postales que le dan marco a este proyecto, como la imagen que ilustra esta nota, con el gobernador y los ministros de la Corte Suprema bajo un enorme Cristo crucificado en su sede de Tribunales, como si fueran fariseos en el propio Monte Gólgota. También las aulas de escuelas públicas y laicas en las que los alumnos enfrentan todos los días el mismo símbolo cristiano sobre el pizarrón, la declaración judicial ante una cruz, o la virgen en la comisaría, por citar las situaciones frecuentes. Todavía admite la Casa Gris que en algunas inauguraciones de obra el protocolo incluya un sacerdote imponiendo bendiciones, aunque la diputada Gutiérrez aclaró que su propuesta no opera sobre esa costumbre. "Pienso en aquellas personas que no son católicos, los evangélicos que no veneran imágenes, o los agnósticos o ateos. Es lógico que se sientan discriminados, están en su derecho a pensar que el Estado allí actúa bajo el amparo de determinado dogma", dijo.

Entre los fundamentos del proyecto se cita una declaración reciente de la Corte Europea de Derechos Humanos, que condenó el crucifijo en los salones escolares: "Es una violación de la libertad religiosa, de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, y de la libertad de religión de los alumnos".

Para Gutiérrez, "es fundamental que el asunto se ponga en debate", dijo quien en la anterior composición de la Legislatura comprobó que más de un colega rehuía a incluir su proyecto en la agenda parlamentaria. "Hubo cierta reticencia, y a lo mejor también otras urgencias, pero también debemos garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos, tanto a practicar cualquier religión como a no practicar ninguna", planteó.

La iniciativa se ventiló hace una semana en la Biblioteca Argentina, durante la presentación en Rosario del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos (Ilec), en una conferencia sobre laicismo y libre pensamiento. Docentes y estudiantes de la Facultad de Derecho, y la ONG Rosario Atea avalan el proyecto de ley, para el que Gutiérrez pedirá tratamiento preferencial luego del receso invernal. "Si no lo consigo, sabré que encontraré la misma resistencia de antes. Espero que no; de lo contrario, organizaremos un debate público para dejar de postergar este tema", dijo la diputada del Frente Progresista.

La iniciativa de Gutiérrez tiene además otro antecedente: en el año 2008, la delegación local de Argatea juntó firmas para pedir la modificación del ya mentado artículo 3 de la Constitución Provincial. "No queremos sostener un culto religioso que no profesamos. Lo consideramos una violación a nuestros derechos humanos y la libertad", dijo en aquella ocasión la abogada Ana María de Benito, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Rosario.