Por considerarla un área de "estructura pequeña", el gobierno provincial jerarquizará la División Unidad Especial de Apoyo y Coordinación para la Prevención y Lucha contra la Trata de Personas. "Hay que fortificarla desde el punto de vista de medios y de personal, en una primera etapa. Necesita un perfil particular de quienes están en esa área, con varias aristas importantes de ser miradas", explicó el Ministro de Seguridad Raúl Lamberto, en diálogo con Rosario/12. Asimismo, el funcionario no descartó que la dependencia a cargo de la comisario inspector Mónica Viviani tenga una delegación operativa en Rosario, pero antes prefiere "fortalecer la composición" de la División. Lamberto, en tanto, reconoció al centro y norte de la Provincia como las zonas más conflictivas en los que respecta a la detección de casos de trata.

Como al momento de asumir en su flamante función, el ex legislador se ocupa de aclarar que los ministros "ejecutan una decisión política que toma el gobernador". En el objetivo de "jerarquizar la lucha contra la inseguridad y el delito organizado", las directrices parten desde el escritorio de Antonio Bonfatti, afirma Lamberto, sin dubitaciones, férreo en su aseveración, con toda su experiencia política sobre los hombros. "Hay que darle continuidad a la línea del gobernador", rubrica.

Y en lo que refiere a trata de personas, Lamberto adelantó a este diario que "lo antes que se pueda" desde su ministerio comenzarán a dotar de mayores medios a la División. "Lo importante es jerarquizarla desde el punto de vista de su composición interna, es una división muy pequeña y actúa bajo la supervisión directa de quien le habla. Yo evaluaría antes de dividirla, hacer una cosa más operativa y con más posibilidades de desplazamiento, con medios y con más gente", sostuvo el funcionario. El área contará con mayor movilidad, instrumental y tecnología "cuando la necesite". A su vez, se ampliará la capacidad de personal, por la cual Lamberto recibió una propuesta de "personas con determinado perfil" que será evaluada y consultada "con los otros ámbitos del gobierno" a fin de "compartir un diagnóstico".

Estas reformas en el área obedecen "primero a una definición nacional", que tiene su punto de partida con la sanción en abril de 2008 de la Ley 26.364 para la "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas". Para Lamberto, esa instancia "marcó una línea hacia todas las provincias". Más acá en el tiempo, el ministro afirmó que la lucha contra la trata fue uno de las problemáticas que planteó con mayor énfasis al momento de su asunción. "Santa Fe actúa en sintonía con la ley, lo ha hecho, lo sigue haciendo y se está actuando correctamente", entiende el funcionario, como un ejemplo de la "tendencia clara" que exhibe la provincia "de darle la importancia que el tema se merece".

Lamberto considera que Santa Fe "no es una provincia con una situación extremadamente compleja" en lo que atañe a redes de trata. No obstante, "se podría ubicar en una escala intermedia", ya que en "muchas veces" las redes suelen ser "mutantes. "Lo que uno analiza puede tener modificaciones en el corto plazo. Lo importante es estar sistemáticamente observando cómo operan y se insertan en determinados lugares", se explayó el funcionario. En ese contexto, reconoció que desde el gobierno tienen una "mirada especial" sobre el centro y norte de la provincia. En esos sectores ﷓ cree Lamberto ﷓ aparecen "la falta de perspectivas, de una realidad de trabajo, de una profundización de la educación, que pueden significar una forma de lugar de reclutamiento de jóvenes, especialmente los de sin oportunidades".

A modo de definición, el flamante ministro cree que la trata de personas es una "problemática transversal" que abarca a otras áreas gubernamentales como la salud, educación y justicia. Desde esta última, la Provincia provee una "colaboración importante cuando se rescata a menores, jóvenes a través de programas y el trabajo del Centro de Asistencia Judicial (CAJ)". Pero también se precisa de una contribución "interinstitucional" desde los Municipios y Comunas, que "tienen mucho que aportar" porque "las habilitaciones de bares que se convierten en cabarets y whiskerías son decididas por las áreas de inspección de cada gobierno local".