La prohibición de whiskerías y cabarets en Córdoba alertó al gobierno provincial sobre la posibilidad de un incremento de casos de explotación sexual en Santa Fe. Más aún cuando veinte días atrás la Secretaría de Derechos Humanos recibió la denuncia de una mujer cuyas tres hijas mayores de edad, cordobesas, "habían sido traídas engañadas". "Es una modalidad de los proxenetas, que cuando cierran los prostíbulos intentan abrirlos en otro lugar", explicó la subsecretaria de Derechos Humanos Zona Sur, Nadia Schujman. En tanto, el titular del área, Horacio Coutaz, aseguró: "Tenemos el ojo puesto en esta situación".

Tres mujeres que ejercían la prostitución de manera "particular" en la provincia de Córdoba fueron contactadas por una persona que les dijo "que vinieran para Santa Fe a hacer el mismo trabajo". Ese es el relato que recibió Coutaz, vía telefónica, de voz de la madre de las mujeres. "Les prometían que las traían a un lugar privado, pero la habían pasado bastante mal acá", afirmó el funcionario, siempre basado en la narración de la familiar. El motivo de la llamada era la consulta acerca de cómo debía operar ella misma para realizar la denuncia de la situación. "Le dijimos que la haga en un Juzgado Federal de Córdoba y que después nos la iban a pasar a nosotros", contó el titular de Derechos Humanos. Sin embargo, nunca volvieron a tener noticias del caso.

Sobre las mujeres pesaba la prohibición por ley "en el marco de la lucha contra la trata de personas" que promueve el gobierno cordobés. Coutaz no recibió mayores detalles, ni la localidad dónde ejercían la prostitución ni un indicio de la zona de la provincia a la cual habían sido trasladadas. De todos modos, resolvió ponerse en contacto con el Ministerio de Seguridad y alertar del caso. Rosario/12 intentó infructuosamente comunicarse en reiteradas oportunidades con la titular de la División Unidad Especial de Apoyo y Coordinación para la Prevención y Lucha contra la Trata de Personas, Comisaria Inspectora Mónica Viviani, quien se enteró de la acusación y la expuso en la Mesa de Trata que integran, entre otros, la Provincia y el Municipio y Concejo de Rosario.

"Hasta ahora", es la única denuncia que recibieron desde la ley que sancionó la Legislatura de Córdoba. Pero apenas se sancionó la norma aguardaban de algún modo esta especie de "corrimiento". "Nos parecía que se podían repetir, la gente de Seguridad tenía la misma idea y algo nos habían comentado. Lo mismo que estaba pasando en Entre Ríos, con las chicas que estaban trabajando en Paraná y se estaban empezando a movilizar al interior de las provincias", apuntó Coutaz.

Schujman, por su parte, señaló que la conducta "posiblemente" se repita en otras provincias. "No creo que seamos los únicos receptores de los prostíbulos que se han cerrado en Córdoba", estimó. Las complejas redes de trata de personas operan de diferentes variables y una medida que intente prohibirlas no será garantía de cercenarlas. En ese sentido piensa Schujman: "No es garantía porque puede ser un paso hacia delante desde un posicionamiento del Estado pero también es cierto de que eso hace que puedan propagarse los lugares privados. En Rosario hay ocho lugares habilitados como cabarets y whiskerías, nada más, que tienen controles bastante permanentes. El problema es con los lugares no habilitados", dijo la funcionaria.

No solamente en Córdoba rige la prohibición de cabarets y whiskerías. El Concejo de la ciudad santafesina de Santo Tomé, del departamento La Capital, lo sancionó a mediados del año pasado y Paraná, Entre Ríos, hizo lo mismo a principios del año pasado. Asimismo, a fines del mes pasado, la diputada del Frente Progresista Cívico y Social Alicia Gutiérrez presentó un proyecto de ley en la Cámara baja que propone prohibir las whiskerías y los cabarets en todo el territorio provincial. El proyecto determina la clausura total y definitiva del establecimiento en cuestión, además de la sanción con arresto de hasta dos meses para quienes violen la prohibición dispuesta en toda la provincia de instalar este tipo de locales.