SANTA FE › REUNIóN DE URGENCIA POR LOS DICHOS DEL TITULAR DEL PERONISMO.
José Luis Freyre dijo en declaraciones a los medios que el gobierno nacional tenía a su disposición "elementos jurídicos e institucionales como para intervenir" a la provincia de Santa Fe por las consecuencias del caso Tognoli. Desató la ira socialista.
› Por Luis Bastús
El gobernador Antonio Bonfatti le cortó el sábado a todo su gabinete, a sus legisladores nacionales y provinciales, y a los referentes de cada sector del Frente Progresista. Los reunió de apuro en la sede rosarina de Gobernación para denunciar al Partido Justicialista por intentar desestabilizar su gestión. Lo que disparó el compacto repudio de la coalición gobernante fueron declaraciones del titular del PJ santafesino, José Luis Freyre, quien dijo a Clarín: "Santiago del Estero fue intervenida por un conflicto mucho menor. Si el Gobierno nacional quiere intervenir la provincia (de Santa Fe) parece que tiene elementos judiciales e institucionales como para hacerlo". Y ardió Troya. Para cuando el venadense quiso rectificarse, Bonfatti y su entorno ya habían expresado su certeza de que el pedido de intervención no fue algo dicho al pasar, sino que responde a "un plan para desestabilizar la única provincia gobernada por una fuerza opositora al kirchnerismo". Y lo hilvanaron como un tercer acto, tras la retirada que montaron los legisladores nacionales K de la reunión convocada la semana pasada por el gobernador, y luego con la acusación de "narcosocialismo", disparada por el diputado Andrés Larroque.
El look informal de los 32 hombres y mujeres del gobierno convocados en un tris en la tarde sabatina contrastó con la severidad de los rostros que enfrentaron en bloque a la prensa. Bonfatti hizo hablar a un representante por cada partido que integra el Frente Progresista -menos el PDP, ausente con aviso-, y luego se refirió "con mucho dolor" a las declaraciones de Freyre. "Son de extrema gravedad, desestabilizantes, sin antecedentes en estos años de democracia que tanto nos costó conseguir y que los santafesinos, los argentinos, hemos ido mejorando, con aciertos y errores, pero siempre avanzando".
El titular del Ejecutivo dijo sentirse herido. "Porque desde el primer día, desde mi primer mensaje a la Legislatura convoqué al oficialismo y a la oposición a trabajar juntos en los temas candentes. Dentro del disenso, debe primar el diálogo para encontrar soluciones", abogó. Y llamó a "seguir defendiendo este gobierno transparente, que actúa siempre con honestidad y convocando al diálogo". Además, hizo reparar en que su gobierno "ha sido la voluntad popular de los santafesinos, que no debe ser violada, y que defenderemos con toda nuestra energía".
Consultado, agregó: "No soy quién para evaluar si Freyre habla a título personal o de su partido, pero sí se que esas declaraciones las hizo después de salir de una reunión de su partido, y es su máxima autoridad. No es un dato menor". Y confirmó su opinión cuando ayer -según dijo- lo llamó tres veces entre las 10.53 y las 11: "Nunca me contestó, y al mediodía lo escuché en una radio volviendo a hacer el mismo planteo", observó Bonfatti.
En esa línea, enumeró "cosas muy llamativas". "En esta misma mesa convoqué el lunes de la semana anterior a los legisladores nacionales por Santa Fe, pero no me atendieron el teléfono. Sí se presentaron el viernes, incluso el PJ que se levantó de la reunión. Queríamos abrir un debate que se dio con los legisladores de los demás partidos y duró cuatro horas. Nos preocupa el narcotráfico, un delito de estricto orden federal pero que le ponemos el cuerpo en Santa Fe para abordarlo porque demanda el esfuerzo de todos. Luego vino lo del diputado Larroque. En Santa Fe todo el mundo nos conoce, no tenemos cola de paja. Tenemos 40 años de militancia. No tengo que aclararle nada al diputado Larroque más allá de que me duelan esos agravios. Jamás esperaba un ataque verbal de ese tipo. Y hoy, esto que dijo Freyre. Tres hechos que se encadenan y que valoro como muy grave".
Para el mandatario, la ofensiva justicialista tras la detención del jefe policial Hugo Tognoli ocurre ahora porque "el Frente Progresista está gobernando con éxito, dentro de las complejidades, dando respuesta en salud, educación, vivienda y con diálogo. Ellos deberán preguntarse porqué este ataque".
Por el socialismo, el diputado Eduardo Di Pollina encuadró la serie denunciada como "una clara intención del justicialismo de desestabilizar la provincia, sin antecedentes en la historia democrática de Santa Fe".
Pablo Javkin, por Coalición Cívica, observó: "Hay una sola provincia gobernada por un acuerdo de fuerzas opositoras, y el presidente del partido oficialista habla de intervención, cuando están acostumbrados a calificar como destituyente cualquier disenso. Esa actitud roza lo destituyente". Y despreció que Freyre considerara como hechos menores ?los crímenes y la persecución a ciudadanos" que hubo en Santiago del Estero previo a su intervención federal. "Una provincia que su partido gobernó por 40 años", recordó.
Para Eduardo Galaretto, titular de la UCR en la provincia, "se corrió la cortina" y la maniobra aludida "quedó expuesta".
La diputada Alicia Gutiérrez, por el SI, confirmó que los dichos de Freyre "desnudan lo que veníamos diciendo en la Cámara", y exigió "que el PJ ratifique o rectifique lo que acaba de decir su presidente. Sería de extrema gravedad para el país, un serio antecedente".
Verónica Benas, diputada del PAR, disparó: "El PJ no tolera la honestidad, ni la independencia de poderes, ni la Constitución. Es inadmisible que un gobierno sospechado de corrupción, con sus más altos funcionarios investigados por el incremento de su patrimonio, y procesados muchos de sus ministros, se atrevan a decir que van a intervenir Santa Fe. Pese a las dificultades, este gobierno ha demostrado un nivel de honestidad que nunca se vio en la provincia. Soportamos del partido que representa el señor Freyre 24 años de corrupción estructural".
Habían pasado sólo 15 minutos crispados. Los 32 representantes del gobierno fueron saliendo en grupos. Comentaban su convicción de estar ante una celada. Y no faltó quien imaginara futuros pedidos de interpelación legislativa, además del requerido al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto.
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