Desde Santa Fe

El ministro de Gobierno, Rubén Galassi y su colega de seguridad, Raúl Lamberto, confirmaron ayer que el gobernador Antonio Bonfatti vetará la ley que declaró a Santa Fe en emergencia en seguridad. "Será un veto parcial", dijo Galassi. Mientras que Lamberto comentó que podría haber también "algunas enmiendas" al texto sancionado por la Legislatura. Rosario/12 ya informó que una de las normas que más preocupa en la Casa Gris es la que "ordena" apartar "en forma inmediata" a los jefes policiales investigados por la justicia o bajo sumario administrativo lo que significaría el pase a retiro del jefe de Policía de la provincia, Cristian Sola y del subjefe, José Luis Romitti. Pero hay otras. El manejo de los fondos reservados del Ministerio de Seguridad -asignados a las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), Drogas Peligrosas y Asuntos Internos﷓ que el presupuesto 2013 estimó en 2 millones 220 mil pesos. Y la creación de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, integrada por las comisiones de Seguridad del Senado y la Cámara de Diputados, que tendrá el "control y supervisión" de la ley.

Galassi dijo que la Fiscalía de Estado analizará la ley "artículo por artículo". "Lo positivo lo vamos a tomar", pero hay cuestiones de dudosa constitucionalidad. "En principio, habría un veto parcial", anunció. El ministro de Seguridad coincidió. "Es una ley compleja", dijo Lamberto. "Tiene instituciones importantes que pueden ser útiles, pero otras representan algún un grado de complejidad desde el punto de vista legal y constitucional. El gobernador tiene diez días hábiles para promulgar o vetar, con algún agregado o modificación".

Ya en el debate parlamentario, la diputada socialista Inés Bertero advirtió sobre el artículo 2, inciso "v" que "ordena" el apartamiento "en forma inmediata" de los jefes policiales investigados o bajo sumario, entre ellos Sola y Romitti, a quien Asuntos Internos les abrió un expediente por una denuncia anónima sobre su patrimonio. "Es una norma que vulnera el principio de inocencia, invade la competencia jurisdiccional del Poder Ejecutivo y afecta la división de poderes. No queremos caza de brujas ni poner a todos los jefes en una situación de duda respecto a enriquecimientos ilícitos y complicidades. Para eso está la ley y la justicia", planteó Bertero. Ayer, Galassi confirmó que la cláusula será vetada. "Una cosa es una investigación judicial en curso donde haya pruebas y otra la denuncia anónima. No podemos implementar esta norma para la policía, ni para nadie. De hecho, en lo que va del año ya hay más de 150 investigaciones... Esa es una cuestión. Y otra muy distinta, las denuncias anónimas", dijo por LT8.

Bertero cree que Bonfatti vetará también el artículo 9 sobre el manejo de los fondos reservados del Ministerio de Seguridad (asignados a las TOE, Drogas Peligrosas y Asuntos Internos) que el presupuesto 2013 estimó en 2 millones 220 mil pesos, según informó un portal de noticias (nestornautas.blogspot.com.ar).

Hoy, la ley 10.296 de gastos reservados obliga a una "rendición de cuentas" mediante "recibo firmado por el responsable de recibir los fondos" y un "balance de inversión rubricado por el jefe de Policía de la provincia, el habilitado y el director de Administración". Pero la ley emergencia votada el jueves cambió el sistema: "La rendición de cuentas ﷓dice el artículo 9﷓ estará sujeta a los mecanismos de compras, contrataciones y rendición de cuentas que rigen por imperio de la legislación en vigor para toda la Administración provincial, como también al contralor por parte del Tribunal de Cuentas de la provincia. Esto implicará la debida y oportuna documentación respaldatoria de las inversiones realizadas".

La diputada Bertero se quejó por la reforma en el manejo de los gastos reservados. "Son fondos para las divisiones especiales y para abordar problemáticas delictuales complejas", dijo. "Creemos que debe ser un trámite ágil y reservado, no sólo por la urgencia, sino por la complejidad abordada y la reserva que requieren las investigaciones, en muchos casos. La evidente intencionalidad de la norma surge palpable y es justamente la contraria a la que se declara, ya que en definitiva con este procedimiento se van a entorpecer las investigaciones de estas unidades y van a alertar a los sospechados de que se están realizando investigaciones. Realmente, no se entiende", apuntó la legisladora.

El presupuesto 2013 asigna al Ministerio de Seguridad fondos reservados por 2.200.000 pesos (Sistema Provincial de Administración Financiera, Presupuesto Analítico de Gastos, página 69). Aunque "la composición del gastos institucional por programas", especifica: "Prevención de Actividades Ilegales del Personal Policial: gastos corrientes: 2.220.000 pesos, gastos de capital: 1.846.000. Total. 4.066.000 pesos".