A cuento del aumento de denuncias por abusos policiales registrado en los Tribunales de Rosario, se lanzó ayer la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, iniciativa que está formando una red de voluntarios en el país, vinculada a un equipo de abogados y estudiantes de Derecho con el fin de dar batalla a la cultura del apremio ilegal en las fuerzas de seguridad. La presentación de esta movida, en simultáneo con los ecos del caso Tognoli, sirvió para reclamar por una reforma policial que minimice la autonomía de la institución.

"La violencia institucional es un flagelo a erradicar desde el Estado con una clara conducción política de las fuerzas de seguridad", señaló el diputado provincial Eduardo Toniolli en el hall de la Legislatura, en Santa Fe, durante el lanzamiento de la iniciativa promovida por su par nacional del Movimiento Evita, Leonardo Grosso.

La campaña comenzó a desplegarse en Ciudad de Buenos Aires y su conurbano, y ahora se extiende sus impulsores intentan extenderla a los principales centros urbanos de provincias. Ya se presentó también en Córdoba y en Mendoza. La cifra que fogonea su organización son los "1.893 muertos en los últimos 12 años por hechos de violencia institucional, con participación de integrantes de fuerzas de seguridad", reveló Grosso. Aún más: el 49 por ciento de esas víctimas murió por balazos disparados por policías que estaban en servicio.

Santa Fe no se queda atrás. Según comentaba ayer en el acto de lanzamiento Toniolli, en lo que va del año se radicaron en los Tribunales de Rosario entre un 20 y 30 por ciento más de denuncias por apremios policiales que a lo largo de 2011.

"Es necesario crear las herramientas que erradiquen los apremios policiales, las torturas y los abusos de los que generalmente son víctimas: los jóvenes más humildes, en base a prejuicios muy instalados socialmente que terminan perneando el accionar de distintos agentes del Estado", planteó Toniolli, que preside la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados provincial. Con él estuvieron el Defensor General de la provincia, Gabriel Ganón, y la directora de Justicia y Seguridad del Cels, Paula Litvachky, rodeados de familiares de víctimas de casos encuadrados dentro de la violencia del aparato represivo del Estado.

Según explicaron, la campaña consiste en el desarrollo de una red de abogados y estudiantes de derecho, junto a voluntarios capacitados en esta problemática. Funciona a través de la recepción de denuncias, la

difusión de derechos ante procedimientos de detención, la elaboración de estadísticas, y actúa en casos de apremios y detenciones ilegales o torturas. También incluye la participación de profesionales, estudiantes universitarios, militantes territoriales o cualquier interesado en abordar este flagelo para colaborar con su erradicaciónDe esta manera, la red tiene la función de detectar casos de violencia policial que no siempre llegan al sistema judicial, y atender consultas sobre abuso y hostigamiento de la fuerza de seguridad y presuntos casos de gatillo fácil. Según cada situación, la red pondrá en contacto al denunciante con el equipo profesional que intervendrá en su defensa.

Como contexto, las revelaciones que surgieron a partir del pedido de captura del ahora liberado ex jefe policial Hugo Tognoli, dieron pie para que el legislador del Movimiento Evita reclamara "una reforma policial integral, que aborde esta problemática, y construya herramientas como la Policía Judicial, un cuerpo especializado en investigación criminal, que además permitirá controles cruzados entre las fuerzas de seguridad".