Desde Santa Fe

La Cámara de Diputados sancionó y giró al Senado una ley que obligará al gobernador Antonio Bonfatti a convocar la próxima renovación de concejales, jefes de comunas y siete intendentes, entre julio y setiembre de 2013, es decir, entre treinta y noventa días antes de las elecciones de diputados nacionales previstas para el 27 de octubre de 2013. "En ningún caso, el Poder Ejecutivo podrá disponer que las elecciones municipales y comunales se realicen simultáneamente con las elecciones nacionales", dice la norma que salió con 25 votos (24 del justicialismo y uno del ARI, Ariel Bermúdez) y el pataleo del Frente Progresista. La media sanción se aceleró ante una sospecha política del PJ: que Bonfatti pretende unificar los comicios del año que viene, para que se vote con boleta sábana de dos cuerpos (uno para candidatos a diputados nacionales y otro para concejales) y beneficiar al socialismo con un supuesto efecto arrastre de lista que encabezará Hermes Binner.

La ley se votó por etapas. Primero, en general, antes de que la Cámara se quede sin quórum por el retiro de los diputados del Frente Progresista y del Pro, que rechazaron la interpelación al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, y se sumaron a los cacerolazos del 8 N. Y luego de un cuarto intermedio de más de una hora, se completó el tratamiento en particular. En general, se aprobó con 25 votos a favor (24 del PJ y Bermúdez), cuatro en contra (porque muchos diputados del oficialismo y del Pro ya habían salido del recinto) y tres abstenciones. Y en particular, por 27 a 0, porque Bermúdez ya no estaba y a los 24 justicialistas presentes se les sumaron otros tres que regresaron al recinto para reunir el quórum, aprobar la interpelación a Lamberto y sacar todos los proyectos en agenda, entre ellos el que impedirá a Bonfatti unificar las elecciones de 2013.

El debate sobre el calendario electoral del año que viene arrancó tempranero, a principios de octubre, cuando el secretario de Reforma Política y Constitucional de la provincia, Oscar Blando, sugirió que si Bonfatti decidía unificar los comicios, prevalecen las normas nacionales (y por lo tanto se debería utilizar la boleta sábana). La definición "en términos académicos﷓ levantó una polvareda política.

El PJ respondió entonces con un proyecto de ley "ahora con media sanción﷓ que impedirá al gobernador unificar las elecciones de 2013. El autor es el diputado Mario Lacava, quien sumó las firmas de otros siete colegas de su interbloque, entre ellos María Eugenia Bielsa.

"Todos sabemos que la elección de diputados nacionales se realizará el último domingo del mes de octubre de 2013", dijo Lacava. "Y este proyecto de ley establece que las elecciones de autoridades municipales y comunales se realizarán "con una antelación no inferior a tres meses ni mayor a seis meses de la fecha de terminación de sus mandatos", lo que significa un plazo que va desde julio a setiembre de 2013", explicó. Y si eso no fuera suficiente, el segundo párrafo del artículo 1º es más categórico: ""En ningún caso, el Poder Ejecutivo podrá disponer que las elecciones municipales y comunales se realicen simultáneamente con las elecciones nacionales"".

"Si esta ley sale de la Legislatura (y Bonfatti no la veta), será el marco normativo de la provincia. No habrá ninguna posibilidad de que las elecciones nacionales y municipales sean simultáneas y de esta forma, se garantizará la utilización de la boleta única en la provincia", agregó Lacava.

La diputada socialista Inés Bertero advirtió que la ley era "inconstitucional". "El Poder Legislativo no puede ordenarle al gobernador en qué fecha debe convocar a elecciones. Tampoco puede establecer en qué fecha no puede hacerlo. Son dos caras de la misma moneda. Por eso, creemos que esta ley es claramente inconstitucional, no sólo en la forma, sino también en el fondo, porque establece una limitación a las atribuciones del PE".

Lacava rechazó el planteo. "La Constitución de Santa Fe establece que una de las atribuciones de la Legislatura es "legislar en materia electoral" (artículo 55, inciso 3) y eso incluye establecer el plazo en el que Poder Ejecutivo debe convocar a elecciones (artículo 72, inciso 15). No hay ninguna inconstitucionalidad", dijo Lacava. "La Legislatura fija el período de las elecciones y el Poder Ejecutivo define la fecha de la convocatoria. Esto lo dice claramente la Constitución", explicó.

"Así ha sido durante toda la vida institucional de la provincia", recordó el legislador. Y mencionó cinco leyes sobre la materia: 10.300, 10.983, 12.121, 12.367 y 13.156. Todas estas leyes fijan un marco normativo que tiene que ver con los plazos de la convocatoria. Por ejemplo, la ley 10.300 establece que las elecciones de autoridades municipales y comunales se realizarán con una antelación no inferior a 90 días de la fecha de terminación de sus mandatos. Serán convocadas por el Poder Ejecutivo con una antelación no inferior a 90 días. Por lo tanto, no hay razón para impugnar la constitucionalidad de esta ley, al contrario, estamos cumpliendo con la Constitución y la tradición legislativa", concluyó Lacava.