Desde Santa Fe

El pedido del gobernador Antonio Bonfatti para que la Legislatura designe en el Poder Judicial a seis ex funcionarios del gabinete de Hermes Binner generó las primeras reacciones en el interbloque del PJ. El diputado Mario Lacava propuso una reforma legislativa para que ningún ex funcionario pueda pasar de la Casa Gris a Tribunales "en los dos años" siguientes, desde la renuncia a su cargo político. Mientras que su colega María Eugenia Bielsa ratificó que su bancada rechazará los nombramientos. "No nos parece bien que funcionarios del Poder Ejecutivo que han tenido participación directa o indirecta en el diseño de los concursos del Consejo de la Magistratura, después se presenten en esos mismos concurso y los ganen. A todas luces, hay un conflicto ético y de intereses", afirmó Bielsa.

La polémica arrancó a principios de noviembre, cuando Bonfatti envió al Senado un segundo paquete de 16 pliegos para completar la estructura del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Provincial de la Defensa Penal. El gobernador pidió el acuerdo parlamentario para la designación de ocho fiscales y ocho defensores en la justicia de Rosario, entre ellos seis ex funcionarios de Binner. "Vamos a analizar pliego por pliego", prometió el senador y presidente de la comisión bicameral de Acuerdos, Ricardo Kaufmann. Y no descartó que la mayoría justicialista utilice "la misma vara" con la que rechazó el pliego del ex secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, a mediados de mayo, el primero que intentó pasar del gobierno a la justicia. "Si aplicamos la misma vara, estos tampoco podrían ser operadores de la justicia, pero vamos a esperar que se pronuncie la Legislatura", dijo el legislador.

Entre los ocho fiscales, dos integraron el equipo del ex ministro de Justicia, Héctor Superti: los abogados Luis Antonio Schiappa Pietra y Carla María Cerliani. Y de los ocho defensores, cuatro de ellos pasaron por el gabinete de Binner: Mariano Bufarini (ex director del Servicio Penitenciario), Francisco Matías Broglia (ex director de Prevención y Seguridad Comunitaria), María Laura T. Blacich (ex asesora de Superti) y Gonzalo Armas (ex secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad).

El diputado Lacava propuso una reforma legislativa para impedir que los ex funcionarios puedan acceder a cargos judiciales en los dos años siguientes desde la renuncia a su cargo. El proyecto de ley modifica el artículo 15 de la ley 13.013 y el artículo 20 de la ley 13014, que disponen la designación de fiscales y defensores "mediante concurso público de oposición y antecedentes" que "deberán garantizar transparencia, publicidad, excelencia y celeridad", dicen. Lacava agregó a ambas cláusulas un párrafo. "No podrán participar de los referidos concursos quienes hayan ocupado cargos políticos en el Poder Ejecutivo provincial en los últimos dos años inmediatos anteriores a su celebración". Lo que significa una incompatibilidad de un cargo y otro de dos años.

Ayer, la diputada Bielsa coincidió con el proyecto Lacava para que "haya un tiempo entre el paso por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial" y puso como ejemplo que esa incompatibilidad "también se plantea en los Estados transparentes", entre los funcionarios que pasan al sector privado o viceversa.

"Nosotros entendemos que no es bueno pasar por el PE y luego acceder a un cargo en el Poder Judicial. En las Asambleas Legislativas, planteamos esa posición: no votamos los pliegos de quienes fueron o eran funcionarios del gobierno en el momento del concurso", afirmó Bielsa. "Pero además, no se puede votar para un cargo judicial a alguien que tiene menos que un aprobado. En la última Asamblea se designó, no recuerdo bien si a una fiscal o a una defensora, que había sacado 40 puntos sobre 100. En la Universidad, un alumno que saca un cuatro en un examen no lo pasa, necesita un seis para aprobarlo. Entonces, mal podemos votar a una fiscal o una defensora que sacó un cuatro. Es más, ni siquiera deberían haber mandado el pliego", se molestó. "Después, no nos quejemos del Poder Judicial cuando somos tan laxos al momento de la valoración. El gobierno valora mucho el concurso en el Consejo de la Magistratura, pero si alguien saca menos de 60 puntos no reúne las condiciones para ser considerado".

"Ya lo vimos en el caso del doctor Font. Algunos legisladores plantearon cuestiones profesionales (que no tenía matrícula para ejercer la profesión de abogado). Nosotros no objetamos las cualidades académicas o de formación del doctor Font, pero lo que si cuestionamos es que uno no puede participar en el diseño de un concurso y luego renunciar, presentarse a ese mismo concurso y ganarlo. A todas luces hay un conflicto ético y de intereses", finalizó Bielsa.